Si bien se indicó oficialmente que esta inhibición no tiene plazo alguno, y se dejará sin efecto dependiendo de cómo se resuelva la causa iniciada por agremiados de ADP, la cédula parcelaria de los catastros 2.288 y 12.289 del departamento Cerrillos tienen un plazo de 5 años en los que se deberá evitar cualquier modificación en los mismos.
“Por un lado nos pone contentos poder garantizar los bienes de los más de 15 mil afiliados al gremio, pero por el otro nos duele que haya gente que ha invertido por el sueño de la vivienda propia y no lo pueda conseguir”, dijo el secretario gremial de la ADP, Jorge Cerruti, al hacer un análisis de la situación.
Este será uno de los temas que los miembros de Comisión Directiva buscan que aclare la secretaria general de la ADP, Patricia Argañaraz, quien fue notificada para comparecer hoy a las 11 a una reunión extraordinaria del cuerpo de autoridades. Sucede que desde su emprendimiento personal, el fideicomiso “Virgen de Urkupiña”, Argañaraz habría pretendido usar los terrenos del gremio para construir casas a algunos afiliados docentes que le habían entregado dinero para acceder a la vivienda propia.
El adjunto de CTERA, Roberto Baradel, desde la entidad se pidió la licencia a Argañaraz, quien tenía el cargo de prosecretaria de Acción Social. La gremialista accedió al pedido hace 2 semanas. “Tienen quórum para decidir qué hacer”, dijo Baradel respecto a la interna de ADP.
