La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elevó al gobernador Gustavo Sáenz un petitorio al respecto, que fue avalado por la Asociación de Profesionales de la Salud (APSADES), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Unión de Personal de Enfermería Salta (UPES).
La nota señala que si bien los trabajadores del servicio de salud fueron declarados como personal esencial por el decreto 297/2020 y no pueden suspender sus actividades, no debe perderse de vista que existen otros grupos de trabajadores que están afectados al mantenimiento de servicios esenciales llevadas a cabo en establecimientos del Estado.
"Requerimos al señor gobernador, en uso de sus facultades, que disponga el pago de asignación estímulo a los trabajadores que cumplen tareas en los distintos ministerios", agrega.
En tanto, Miriam Chiliguay, delegada de ATE y enfermera del hogar Santa Ana, sostuvo que: "Le pedimos a las autoridades que nos incluyan porque cuidamos niños y adultos mayores. Necesitamos ese incentivo sobre todo porque tenemos los sueldos atrasadísimos, pertenecemos y cobramos como centralizada, pero trabajamos como si estuviéramos en salud" y agregó no cobran horas extras ni por los feriados trabajados.
La enfermera señaló que en Adultos Mayores además hay precarización laboral, ya que los operadores no cuentan con ART y otros que cobran como voluntarios. Precisó que están sobrecargados puesto que en cumplimiento del decreto 297, muchos trabajadores tuvieron que tomarse la licencia, recargando aún más las tareas de los operadores puesto que no hubo reemplazos.
"Tuvimos que insistir muchísimo a nivel gremial por el protocolo por el COVID-19 hasta que nos mandaron una serie de directivas para que implementemos en cada sector. En los hogares trabajamos con gente de riesgo porque tienen de 60 años en adelante. No solo es por el interno, sino por nuestras familias. No reconocen el trabajo que hacemos y que el reconocimiento económico no lo tengamos cae mal", disparó.
Bidones de herbicidas
Inspectores de frontera de SENASA alertaron a la Policía y al Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, sobre el acopio y exposición de 300 bidones vacíos de 20 litros de productos herbicidas y fitosanitarios en un local comercial de Santa Victoria Este.
Ante esta situación la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente inició las actuaciones sumariales preliminares y el trabajo coordinado con el fiscal a cargo del caso, Armando Cazón. Las acciones tienden a determinar la procedencia de los envases y sancionar a todos los infractores involucrados.
Cuando el fiscal lo disponga, la Secretaría gestionará el traslado y disposición final de los recipientes, hasta tanto, permanecen en custodia policial.
El hecho constituye una violación a las leyes Nº 7812, 27.279, 7070 y otras.