Si bien se diagramó una mediación con funcionarios de Tierra y Hábitat del IPV para abordar alternativas, se conoció en las últimas horas, que otras 300 familias lanzaron una convocatoria a través de las redes sociales, para entablar idéntico reclamo.
“Quieren un enfrentamiento de pobres contra pobres”, dijo Laura en el diálogo con Nuevo Diario, detallando que junto a su familia, se encuentran instalados desde el primer día de la protesta: “Hace frío, y no la llevamos fácil en medio de la cuarentena, pero estamos decididos a permanecer aquí”.
El escenario ante la pandemia, y las medidas de aislamiento social que se tomaron, provocaron el freno de diversas actividades, con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo, y la imposibilidad de sostener necesidades básicas, como las de las viviendas.
“Somos familias con una verdadera necesidad habitacional, madres embarazadas con sus hijos; adultos mayores; personas con discapacidad”, dijo la preocupada mujer.
En ese sentido, advirtió que si bien desde el Ministerio Público Fiscal, de la mano del Fiscal Penal 3 Pablo Paz, consiguieron una instancia más de diálogo con el Instituto Provincial de la Vivienda, de donde depende la ex Secretaría de Tierra y Hábitat, saben que el organismo se encuentra intransigente.
“Sabemos que esto no es de un día para el otro, pero queremos arrancar un compromiso como lo hicieron con la gente de Los Paraísos en Cerrillos y Nueva Esperanza en San Lorenzo”, dijo.
Laura agregó: “Vamos a permanecer adentro para defender el acuerdo y a esperar el día de la mediación”, dijo y concluyó que a la fecha se encuentran relevando el número y situación de cada una de las familias del acampe, algunas de las cuales se encuentran inscriptas desde hace una década en la ex Secretaría de Tierra y Hábitat: “Queremos saber qué pasó con eso”, insistió.
