Esta medida fue impulsada en todo el territorio nacional por el Comité de Lucha contra la Trata, garantizando la inclusión laboral y evitando la revictimización de las personas afectadas.
Ya son 11 los municipios de Salta que han votado el cupo de reinserción laboral y otros, entre los que está la Capital, están en vías de sumarse.
Las ordenanzas aprobadas tienen por objeto promover la inclusión laboral de las personas que han sido víctimas del delito de trata y explotación laboral en sus distintas modalidades, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26.364 y su modificatoria. También se instituye un sistema de becas de capacitación laboral, técnica y profesional para las personas rescatadas que no reúnan originalmente las condiciones de idoneidad para los puestos requeridos, y se refrenda el derecho a la privacidad, debiéndose contar con la autorización escrita de la persona damnificada, resguardándose la intimidad y confidencialidad de la información.
El Concejo Deliberante del municipio de Cafayate aprobó el proyecto presentado por la concejal Raquel Humano. La ordenanza dispone en el ámbito público de la ciudad “la ocupación de víctimas de trata y explotación de personas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, según las siguientes condiciones: en una proporción no menor al 1%, para lo cual se reservan puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. Se calcula sobre el total del personal cualquiera sea la modalidad de contratación”.
En igual sentido se expidieron los concejos deliberantes del municipio de Cerrillos, que aprobó la Ordenanza 301/2022, siendo el autor del proyecto el concejal Lic. Enrique Borelli, acompañando el mismo el concejal Adrián Ustares; y el municipio de Embarcación, que aprobó la Ordenanza 684/2022, a propuesta de los concejales Sergio Claveria, Marcelo Ibañez, Graciela Heredia, y Roque Soria.
Cabe destacar que los tres proyectos aprobados en la provincia de Salta, impulsados por el Comité de Lucha contra la Trata, bajo la acción de su delegada, Stella Maris Corbacho, fueron votados por unanimidad.
Cabe recordar que en el mes de mayo quedó conformada en la provincia una mesa interinstitucional en la Casa de Gobierno con organismos provinciales, nacionales y el Ministerio Público Fiscal para actuar en red y ser más eficaces en la búsqueda de personas desaparecidas, convergiendo los esfuerzos para hacer más efectivas las políticas destinadas a erradicar todo tipo de esclavitud en la provincia.
A nivel nacional
Con estas nuevas ordenanzas, ya son 26 municipios, en 9 provincias, los que sancionaron normas que garantizan capacitación y acceso al empleo para víctimas de trata, habiendo sido aprobadas en Salta (Campo Quijano, Las Lajitas, Rosario de Lerma, Mosconi, Hipólito Irigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Apolinario Saravia, Cafayate, Embarcación y Cerrillos); Corrientes (San Luis del Palmar, Virasoro y Santa Lucía); Formosa Capital; Córdoba (Malvinas Argentinas); Chubut (Rawson, Lago Puelo); Chaco (Machagai y Resistencia); Misiones (El Dorado, Caraguatay); Santa Fe (Gobernador Gálvez); La Rioja (Araujo y Chilecito); y en Buenos Aires (Marcos Paz). Decenas de concejos deliberantes de todo el país se encuentran tratando iniciativas con el mismo objetivo.
