Sin embargo, la decisión no es vinculante a la determinación final de la Agencia Nacional de Discapacidad, que otorgó plazo (con prórroga incluida), hasta fines de este mes a unas 1811 personas a las que en Salta les llegó una carta documento para realizar esta certificación.
La secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas de la provincia, Fabiana Ávila, quien participó en San Juan de la reunión de los referentes provinciales, contó a Nuevo Diario que los problemas con los que se encuentran las provincias se inician con una decisión de la Nación de actuar sin notificación a las jurisdicciones enviando las notificaciones directamente a los pensionados por Discapacidad.
A ello se suma que la plataforma incluida por Nación para poder contar con los certificados solicitados precisa que médicos y las gerencias de los hospitales públicos cuenten con firma digital, algo que por accesibilidad y tramitación complica tener todas las herramientas para emitir el certificado.
Según se sostuvo desde la comunicación oficial, en las miles de cartas documentos que se envió a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez, se les aclaró que el no cumplimiento de este trámite era bajo apercibimiento de proceder a la suspensión de la pensión.
