Ello pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación que cuestionaron la política ambiental de la provincia que permitía desmontar en zonas protegidas.
En Salta se deforestaron 20.047 hectáreas, de las cuales 2.050 hectáreas (el 10 por ciento), eran bosques protegidos, en tanto las tierras estaban categorizadas en áreas rojas y amarillas, de alto y mediano valor de conservación, respectivamente.
En detalle, el informe plasmó que en Salta se desmontaron durante el año que pasó 421 hectáreas en áreas categorizadas como rojas, en amarillo 1628 hectáreas, en zonas verdes 17.983, y en aquellas que se consideran sin categoría 12 hectáreas. En Salta se desmontaron en 2018 421 hectáreas, en amarillo 1628, en verde 17983, y sin categoría quedaron 12 hectáreas.
Se destaca, no obstante, que desde el 2014 los desmontes cesaron considerablemente respecto de aquellos que se habían autorizado desde el momento de la sanción de la Ley Nacional de Bosques Nativos, en 2007. Sin embargo durante la década que marca este punto hasta el 2017, en la provincia se desmontó un total de 796.682 hectáreas.
Delitos forestales
Los ambientalistas sostuvieron que la destrucción de bosques nativos que deberían haber sido protegidos tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades.
“Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad”, sostuvieron al considerar que resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Agregaron que en muchos casos “es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”. Frente a esta situación, reclamó a los gobiernos provinciales el estricto cumplimiento de la Ley de Bosques y al Congreso de la Nación la urgente sanción de una Ley de Delitos Forestales que: establezca como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional (cambio de uso de suelo). Constituya como delito penal al otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas. Permita que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan como querellantes. Obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos ilegalmente desmontados o incendiados.