La presentación tiene la adhesión de los campesinos de Salta, quienes están representados en el FONAF por Lucía Ruiz, a su vez protesorera de la entidad que representa a los campesinos en todo el país.
En la presentación los representantes de los pequeños productores cuestionaron la decisión del Consejo Directivo del INTA de eliminar tres de sus cinco Institutos de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF) integrantes del Centro de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (CIPAF), en las zonas del NEA, Cuyo y la Patagonia. La determinación involucra la desaparición de 25 agencias de extensión que funcionaban en la zona y, por lo tanto, desmontar en un 60 por ciento la capacidad territorial del CIPAF, el único ámbito donde el INTA apoya tecnológicamente al sector de la Agricultura Familiar.
"La decisión es contradictoria y discriminatoria", indica el amparo al sostener que la contradicción radica en el reconocimiento del INTA sobre la importancia de la Agricultura Familiar, que se asegura produce el 80 por ciento del alimento que consumen los argentinos.
La discriminación, en tanto, deviene de la falta de consideración de la opinión de los más afectados y, a la vez, sector más vulnerable de la agricultura, los campesinos, quienes no tienen representación alguna en el Consejo Directivo.
Este órgano cuenta con 10 representantes de los cuales la mitad es elegida por el Estado y la otra mitad viene de la parte privada. De los elegidos por el Estado, al menos tres son, a su vez, representantes de los grandes productores y dos miembros Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), una entidad en donde se realiza el trabajo del INTA, pero para grandes productores y bajo el sistema de pagos (al que no podrían acceder los pequeños productores).
A ellos se suman solo dos miembros de las carreras agropecuarias de las universidades. En la parte privada se elige a un miembro de AACREA, uno de la Sociedad Rural, uno de CONINAGRO, uno de la CRA, y uno de la Federación Agraria Argentina (FAA). En ningún caso los pequeños productores se encuentran representados.
"La medida implica lisa y llanamente desamparar tecnológicamente al agricultor familiar de la agenda tecnológica del INTA. Y el desamparo tecnológico a la Agricultura Familiar es rampante. Pero en el Consejo Directivo no hubo ninguna voz que represente y defienda al sector. Todo lo contrario. Hay miembros de la gran producción que se ensañan con él", afirmaron desde el FONAF al solicitar a la Justicia que ordene al Consejo Directivo del INTA a retrotraer la decisión tomada.
