En la jornada de ayer, Nuevo Diario dialogó con Luis Segovia, el abogado que representa al grupo de vecinos, para hablar de sus expectativas para esta jornada en donde deberá fundamentar los motivos de la demanda que consta de numerosas pruebas.
“Somos conscientes que estamos poniendo en cuestionamiento el servicio público más importante que tiene la municipalidad y de los intereses en esta situación”, dijo el letrado. En ese sentido se mostró positivo, junto a los vecinos que acompañan esta “lucha por una mejora en la calidad de vida”
En cuanto al juez Marcelo Domínguez que entiende esta causa, indicó que en oportunidades anteriores “ha fallado a favor del interés público”, por lo que ello aumenta las expectativas de obtener un resultado favorable
Segovia, junto a Jorgelina Franco, en representación de los vecinos del barrio será el encargado de exponer punto por punto los fundamentos a partir de los cuales consideran que los actos de Agrotécnica son ilegales y porqué generan daño ambiental.
Después de ello, según informó el letrado, se procederá el pedido de medida cautelar, de manera que se dicte una medida de innovar, ordenando a la municipalidad a poner en funcionamiento inmediatamente un nuevo módulo del relleno sanitario y que le embarguen las cuentas a Agrotécnica Fueguina por los daños, de manera que se vaya creando un fondo de remediación ambiental o de compensación, “porque en realidad no sabemos si se puede compensar”, sostuvo Segovia, y ejemplificó sobre los efectos de esta contaminación en las napas subterráneas, cuya subsanación es imposible “no se puede calcular la dimensión y el alcance del daño”.
Agregó que Agrotécnica no tiene seguro ambiental, por lo cual tendrían que responder con sus bienes, que tampoco se pueden afectar porque son parte del servicio público. Frente a esta situación es que el abogado solicitara que el embargo afecte a las ganancias y no al costo operativo de la empresa, para conformar el fondo compensador por el daño ambiental.
“También vamos a solicitar que una Fiscalía Penal investigue la posible comisión de los delitos de Fraude a la Administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público por parte de la Municipalidad por pagar por un servicio que no se cumple y por no ejercer el poder de policía sobre la empresa”, finalizó Segovia.