La convocatoria es organizada por la Mesa de Derechos Humanos (integrada por la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticos y Gremiales de Salta, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, HIJOS Salta, la Asociación Coca Gallardo y la Asociación Miguel Ragone). En Palomitas se rendirá homenaje a los que fueron ultimados por las fuerzas del Ejército y de seguridad durante la dictadura cívico militar el 6 de julio de 1976.
Mientras que a las 14, en el Portal de la Memoria habrá otra ceremonia organizada por la Red por la Defensa de los Derechos Humanos ante el monolito del Parque San Martín (Yrigoyen y San Martín).
Se trata de uno de los hechos horrorosos que ejecutó el Gobierno de facto y que fuera objeto de juicio en la conocida como Causa 13 o Juicio a las Juntas.
Por el número de víctimas y por sus características, la Masacre de Palomitas es uno de los hechos destacados del muestrario de horror llevado a la práctica por los militares y civiles que el 24 de marzo de 1976 asaltaron el poder constitucional.
La Justicia determinó que en la provincia la orden de ejecución fue dada por el entonces coronel Carlos Alberto Mulhall, que era jefe del Ejército en Salta. El director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, recibió la orden de entregar los presoss políticos a una comitiva del Ejército. La excusa fue que se los iba a trasladar a una cárcel de mayor seguridad.
El capitán Hugo Espeche fue el encargado de llevar la orden escrita, con la lista de quienes iban a ser asesinados. El capitán llegó a la cárcel a las 19.45. Impartió también otras órdenes: Por disposición del Ejército, y la corrupción criminal del Servicio Penitenciario Provincial, la salida de los detenidos no se registró en los libros del penal.
El ex detenido Eduardo Tagliaferro ha relatado esos momentos: “La noche del 6 de julio del ‘76, antes de las 21, hora en que se apagaban las luces de las celdas, una patota del Ejército comandada por un teniente de apellido Espeche, entró a cumplir una orden del comandante de la guarnición Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall. La comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray –un ex oficial de inteligencia de la Policía Federal que, más por miedo que por otra cosa, renunció a la fuerza y se alistó como carcelero–, el oficial jefe de guardia, Eduardo Carrizo y el alcaide responsable del penal, apellidado Soberón. “De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Pablo Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos. Todos iban resignados, salvo Rodolfo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles ‘asesinos hijos de puta’. Usinger fue uno de los pocos que intuyó el final de ese operativo. A principios del ‘76 una comunicación de la organización Montoneros había alertado sobre un posible ‘operativo mantel blanco’, en el que los militares comenzarían a ejecutar prisioneros políticos.
También la ex detenida Graciela López relató esos momentos: “Primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban”.
Se destaca en los recuerdos la presencia de Celia Leonard, joven madre, que alcanzó a dejar su bebita en brazos de su hermana Nora.
Para sacar a los detenidos la cárcel fue puesta a oscuras. Ya en la salida de la ciudad un grupo de policías encabezados por el jefe, el coronel Miguel Raúl Gentil, y el subjefe, el mayor Juan Carlos Grande, se sumó al operativo. Entre Salta y Güemes, cerca de Cobos, otros ejecutores secuestraron un automóvil Torino y una camioneta Ford F 100 que usaron para simular un enfrentamiento.
El fusilamiento se ejecutó exactamente cerca de la estación de peaje Cabeza de Buey. Ahí fueron asesinadas Celia Raquel Leonard de Ávila y su marido, Benjamín Leonardo Ávila. Georgina Droz, Evangelina Botta de Nicolay, militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). María del Carmen Alonso, “Chicha”, sobrina del ex gobernador Miguel Ragone vinculada al ERP. María Amarú Luque de Usinger, Rodolfo Usinger, militante de Montoneros. Roberto Oglietti simpatizante del ERP. José Víctor Povolo, Roberto Savransky militante de Montoneros y Pablo Eliseo Outes, quien fuera legislador provincial.
Tras el crimen, el Ejército emitió un comunicado en el que afirmaba que había habido un “enfrentamiento” , consigna la Agencia de Noticias en Red.