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APLICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 7.856

Presentan otra denuncia a la provincia por el acceso a la salud de comunidades originarias

En la jornada de ayer, representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) arribaron a nuestra provincia para realizar una nueva denuncia ante la justicia en el marco del amparo presentado junto a la Comisión Wichi Misión La Loma, por la aplicación y reglamentación de la ley 7.856 de salud intercultural.

Exigen el cumplimiento de un fallo de la corte salteña.
Exigen el cumplimiento de un fallo de la corte salteña.

Pese a la reciente confirmación de la medida cautelar por parte del máximo tribunal que, desde enero, obliga al Poder Ejecutivo de la Provincia a garantizar la presencia de facilitadores/as interculturales y albergues de tránsito en el Hospital Materno Infantil y los hospitales cabecera de los departamentos en emergencia, continúa existiendo una grave omisión estatal para cumplir con sus obligaciones legales y judiciales.

Así lo indicó en diálogo con Nuevo Diario Francisco Rodriguez, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien expresó su preocupación ante la ausencia de respuestas del Estado provincial. 

“La provincia en principio no estaba dispuesta a contestar la primer denuncia, y ya la segunda vez contestó de una forma  indignante, señalando  que era el ministerio de salud quien debía responder, y que no lo hizo, pese a que personalmente tuve un diálogo con el ministro Esteban, además de su compromiso en solucionar lo requerido por las comunidades”, señaló  el abogado.

Asimismo Rodríguez analizó: “la situación de las comunidades es una cuestión estructural, de vulneración de derechos con nulas acciones por parte del goberno; es una situación muy acuciante, y el poder ejecutivo no solamente le niega asistencia a las comunidades, sino que le niega la información de lo que sucede a la misma justicia y a la sociedad en general”.

La denuncia llegó hasta la Corte de Salta

El máximo tribunal salteño confirmó la medida cautelar que, desde enero, obliga al Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta a garantizar la presencia de facilitadores/as interculturales y albergues de tránsito en el Hospital Materno Infantil y los hospitales cabecera de los departamentos en emergencia. La decisión se da en un grave contexto de omisión estatal para cumplir con sus obligaciones legales y judiciales, en el que los trágicos fallecimientos de niñas y niños no paran de sucederse.

La medida, solicitada por ACIJ -integrante de “Infancia en Deuda”- y la Comisión Directiva Wichi Misión La Loma, en el amparo presentado por la aplicación y reglamentación de la ley 7.856 de salud intercultural, busca terminar con los obstáculos en el acceso a la salud que enfrentan niñas y niños de comunidades originarias, producto de la discriminación histórica que ejerce en su contra el sistema sanitario.

“Esta decisión es fundamental dado que la presencia de facilitadores/as interculturales integrantes de los pueblos indígenas, colaborará en la comprensión, toma de decisión y acompañamiento en las diversas prácticas médicas que deban atravesar niñas y niños. A la fecha, estas intervenciones o bien no se realizan por la discriminación que sufren al momento de ir al hospital, o bien suelen practicarse en abierta vulneración a sus derechos, especialmente al consentimiento informado reconocido por la ley nacional del paciente. Además, la presencia de facilitadores/as ayudará a una incorporación real de las necesidades de las comunidades a la ejecución de la política pública sanitaria, como exige la Ley Provincial 7.865 de salud intercultural”

“A partir de esta decisión judicial, en un contexto gravísimo y con el objetivo de asegurar los derechos de niñas y niños de comunidades originarias, será necesario que la Corte de Justicia de Salta haga valer su valiosa decisión judicial y obligue a que el Poder Ejecutivo Provincial dé efectivo cumplimiento a la medida dispuesta, para que se prioricen verdaderamente los derechos de este grupo vulnerabilizado”, concluyó el abogado.

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