El proyecto se dio a conocer esta mañana por parte de los manifestantes en una reunión que mantuvieron con el ministro Abel Cornejo e informaron que en la Cámara de Diputados se encuentra impulsado por la legisladora Laura Cartuccia.
Retirados de la Policía de Salta y del Servicio Penitenciario vuelven a reclamar por las demoras en la liquidación de las actualizaciones salariales de sus haberes. Ya en febrero, realizaron un acampe en afueras del Centro Cívico Grand Bourg, logrando que en mayo les paguen el retroactivo de la deuda que la Provincia mantenía con el sector.
Las actualizaciones de haberes de este sector a diferencia del resto de la administración pública, salen por un decreto que firman los ministros de Economía y Seguridad, previo informes de la Unidad de Trámites Previsionales de la Provincia (UTP).
El largo camino burocrático que tiene la liquidación es señalado como el principal problema por la demora en los pagos.
“Hemos pedido una solución definitiva. Pedimos la renuncia de la señora Claudia Bravo que es la jefa de la UTP y que se designe a personal retirado penitenciario y de la Policía, que tengan habido conocimiento sobre la situación previsional, como se maneja y como se hacen los trámites”, señaló Verónica Parraga, vocera de los manifestantes a Nuevo Diario.
Según lo expresado por Parraga, en 15 días Cornejo volverá a recibir a los manifestantes para avanzar en el proyecto de sindicalización del sector.
“Con la sindicalización del servicio penitenciario y de la Policía de la Provincia, evitaríamos atropellos que sufre la Policía y tendríamos participación en la paritaria”, sostuvo.
El debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad surge cada vez que funcionarios del sector entran en conflicto con las administraciones provinciales. El Ministerio de Trabajo de la Nación rechazo categóricamente toda posibilidad de que este grupo de la sociedad pueda formar una asociación gremial.
“La tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías”, señalaron en los considerandos de los rechazos desde el área de Trabajo nacional.
Otro punto conflictivo es la autonomía que otorga la ley a los sindicatos. Eso argumentó en 2010 un tribunal bonaerense, al rechazar el pedido de inscripción gremial de un grupo de policías: “Un sindicato debe tener autonomía de actuación respecto del Estado y de los empleadores, impidiéndose que se someta a otros poderes sociales o que éstos interfieran en su actuación, y que la fuerza policial no es independiente del Estado sino que lo representa e integra”.
Con conocimiento de la existencia del proyecto se sabe que al menos habrá un avance en tratar el mismo.
La Organización Internacional de Trabajo no tiene una postura tomada con respecto a la sindicalización de las fuerzas de seguridad, por lo que hoy cada país tiene libertad de acción en cuanto la materia.
