La prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena fue aprobada en el Senado de la Nación y espera pasar la prueba en Diputados para tener fuerza de ley.
El proyecto prevé estirar la vigencia de las medidas hasta noviembre de 2025, con el fin de que se culminen los relevamientos territoriales que iniciaron con la iniciativa original y evitar los desalojos de comunidades durante este periodo.
Nora Gimenez, representante salteña, fue quien elaboro la solicitud de dar un plazo más ante el pedido de comunidades originarias del territorio, quienes mostraron preocupación por la posible pérdida de vigencia al no tener autorización del congreso para prolongar la legislación.
Pese a que el pedido tuvo un gran consenso, en la cámara baja presenta un nivel de dificultad mayor para conseguir aprobar la media sanción que proviene de senadores.
Al respecto Nuevo Diario pudo conversar con Octorina Zamora, mujer wichi y referente indígena, y Jorge Lopez titular del Área de Juventud del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quienes dieron recisiones sobre el estado de las comunidades del Norte salteño en relación con la problemática de los desalojos y su postura ante las intenciones de modificar el proyecto por parte de los diputados salteños Martin Grande, Virginia Cornejo y Miguel Nanni.
Cambios que son repudiados
La ley 26.160 lleva prorrogada tres veces (2009, 2013, 2017), buscando una cuarta autorización por parte del poder legislativo nacional.
En esta ocasión, el bloque de Juntos por el Cambio ha mostrado interés en insertar modificaciones con respecto a la iniciativa original, que consisten en parcelizar en viviendas el territorio de las comunidades.
Al respecto el joven referente indígena expreso que desde su sector no aceptan los pedidos hechos desde la oposición y su deseo es que se siga con el espíritu que tiene la ley.
“Lo que se busca es modificar el territorio simplemente desmarcar lo que es el territorio actual adonde están asentadas las comunidades y tratar de parcelizar cada vivienda, ósea que cada familia tenga su lote como se vive acá dentro de lo que es la ciudad, y las comunidades repudian eso y están en desacuerdo con esas modificaciones”, aseveró sobre el tema.
Además el miembro del INAI expreso que actualmente las comunidades relevadas a nivel nación ascienden a 350. Sin embargo en Salta según el dirigente existen 500 de las cuales solo se han tenido registro de 134 con el reconocimiento de provincia y con cartografías en mano.
Por su parte, Zamora afirmo que existen muchos intereses empresariales y políticos sobre las tierras que habitan y aseguro que de no aprobarse la prorroga ocurrirán masacres en el lugar.
“De no prorrogarse la ley habrá una masacre, no de parte de nosotros pero sabemos que cuando nosotros defendemos nuestro territorio la respuesta es la represión y las balas”, expresó.
En este sentido, la dirigente insto a los diputados Nanni, Cornejo y Grande a reflexionar su voto y apoyar a los pueblos indígenas, que en palabras de la referente, significaría “apoyar la vida”.
Por otro lado, la líder wichi mantuvo críticas al IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta) a quienes pidió que se hagan cargo de su situación ante el temor de desalojos violentos.
“El IPISS no reúne el espíritu por la cual fue creado, fue creado para darles una respuesta a os pueblos indígenas, allá en la apertura de la democracia en los ´80 y al día de hoy no da respuestas, al contrario, creo que agarro las mañas de las políticas tradicionales donde si vos queres entrar al IPISS tenes que tener cierta cantidad de dinero para comprar voluntades, entonces desde ese lugar no puede ayudar ni apoyar a los pueblos indígenas” sentenció.