En la nota, los gremialistas indicaron que el decreto atenta contra el funcionamiento democrático de las instituciones educativas y la transparencia de los actos administrativos ante las innumerables denuncias de corrupción y abuso de autoridad de la Junta por los representantes de SiTEPSa ante las autoridades del Ministerio de Educación.
Recordaron que las denuncias se acumulan no sólo contra el mandato de la actual Junta sino también por la inmediata anterior "ambas integradas mayoritariamente por docentes de la ADP".
Las irregularidades
En la nota, añadieron que los actos de la Junta que permite a los docentes tener puntaje para poder trabajar frente al aula "estuvieron empañados por actos rayanos en el delito, como el uso discrecional del sistema informático de la Junta; elaboración de cuadros mellizos para la cobertura de cargos suplentes e interinos; rectificación de tirillas definitivas de docentes de educación primaria y áreas especiales, la manipulación de los legajos docentes, la falsificación de datos y títulos, el abuso de autoridad (por funcionar en sedes gremiales de la ADP), y la absoluta inacción por parte de las autoridades educativas".
Tanto en 2014 (cuando había una comisión distinta ante la Junta), como en 2018, el gobierno provincial argumentó que prorrogaba porque aún se debía modificar el Estatuto del Educador que pese a ser tratado por la docencia, nunca fue enviado a la Legislatura.
Ante esta situación es que la conclusión de las autoridades de SiTEPSa, fue que "la decisión de prorrogar el mandato de la Junta", tiene que ver con "la connivencia del gobierno provincial con la ADP, tantas veces reclamada ante todo el equipo educativo a su cargo por este sindicato".
