El Ministerio de Economía y Servicios Públicos informó que logró el 95,51% de adhesión por parte de los tenedores de los Bonos salteños.
La provincia tiene títulos por un total de USD 350.000.000, que corresponden a la deuda que generó el Fondo de Reparación Histórica y el Crédito del Bicentenario, tomados durante el mandato de Juan Manuel Urtubey.
De acuerdo a la información oficial, con esta reestructuración, en los próximos cuatro años la Provincia dejará de erogar 252 millones de dólares en concepto de capital e intereses. La tasa de interés, bajó del 9,125% a 7,2% promedio.
"De esta manera, Salta logró hacer sostenible la deuda, reduciendo el monto a pagar por año, extendiendo las amortizaciones de 3 a 10 pagos y prorrogando el vencimiento hasta diciembre del 2027. Históricamente, Salta ha honrado sus compromisos y lo continuará haciendo", señala el parte oficial.
La Provincia viene desarrollando el proceso de reestructuración de la deuda desde noviembre del 2020.
Voces disidentes
Claudio del Pla, diputado provincial del PO refirió que “se paga el 100% del capital, se suman 35 millones de dólares de intereses más las comisiones millonarias del Banco Macro y se pasa de pagar el capital en tres años a pagarlo en 5 a partir de 2023”.
El legislador destacó que “La verdad es que la tasa sólo tiene una rebaja los primeros meses pero durante cinco de los seis años en que se pagarán intereses, la tasa será del 8.5% frente a una tasa internacional cercana a 0%”. Dijo que “si hacemos la cuenta de lo que se pagaría en total por intereses y capital, la deuda final se incrementará en unos 35 millones de dólares. Hay que sumar a la ecuación la comisión millonaria que cobrará el Banco Macro, agente financiero de la provincia y de la empresa BofA Securities Inc. contratada como intermediaria para hacer el canje de bonos”.
Para del Pla, el Gobierno busca ganar aire durante su gestión, “haciendo crecer la hipoteca hacia adelante”, por lo que “los pagos de capital acordados comenzarían recién a cinco meses del fin de su mandato, transfiriendo el 80% de los vencimientos para su sucesor”. Agregó que: “Ello no quiere decir que esta postergación de los plazos redunde en una amortiguación del ajuste, sino precisamente lo contrario: los acreedores impondrán sus condiciones para asegurarse el repago de la deuda, con salarios a la baja y recortes presupuestarios antiobreros. Por eso los trabajadores salteños serán quienes sufran las consecuencias del pago a libro cerrado de una deuda fraudulenta, avalada en la Legislatura con el voto de todos los bloques políticos a excepción del Partido Obrero”.
Remarcó que los créditos tomados resultaron un fraude puesto que no se ejecutaron ni un 30% de las obras que estaban previstas con los empréstitos.
