En Salta la movilización será desde la plaza 9 de Julio, a las 18.
En un comunicado, las organizaciones salteñas responsabilizaron al Estado por el “exterminio a los pueblos preexistentes, la criminalización de la protesta social y la pobreza” y repudiaron el asesinato del joven Nahuel Salvatierra por parte de la Policía de la provincia; “el hostigamiento constante a los jóvenes testigos del caso, la represión sucedida días posteriores al deceso de Nahuel, (las) balaceras, detenciones arbitrarias, apagones y zonas liberadas en el barrio para amedrentar y generar miedo”.
En este marco, valoraron “la lucha ejemplar unificada del barrio Solidaridad contra el gatillo fácil y la corrupción de las fuerzas de seguridad (del gobernador Juan Manuel) Urtubey”.
Insistieron en que “el Gobierno tiene todas las herramientas para acallar la voz del pueblo, cuya política de Estado es tener las cárceles llenas de presos sociales y luchadores populares judicializados mientras los represores, autores de crímenes aberrantes continúan libres y/o gozando de ‘domiciliarias’”, como es el caso de los comisarios Miguel Etchecolatz en Buenos Aires y Antonio Musa Azar en Santiago del Estero. “Son solo ejemplos de cómo se perpetua la impunidad en nuestro país para imponer flexibilización laboral, reforma previsional, saqueo y despojo a los más vulnerables”, aseguraron.
Señalaron que el contexto histórico de “re-colonización y barbarie del Estado que nos gobierna es el mismo que nos quiere despojar de las conquistas laborales y sociales, este modelo extractivista opera con explotación, hambre y muerte”.
Asimismo, repudiaron “la represión del gobierno de Gildo Insfrán contra la comunidad wichi en Formosa, donde menores de edad fueron baleados y heridos” y el informe del Ministerio de Seguridad de la Nación “para criminalizar la Resistencia Ancestral Mapuche en la Patagonia”.
Exigieron cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas, la nulidad de la ley antiterrorista, “basta de gatillo fácil, justicia por Nahuel Salvatierra”, libertad de César Arakaki y Dimas Ponce y el desprocesamiento de los luchadores sociales, entre otras reivindicaciones.
