Natalia Soraire, referente de la Unión de Inquilinos en Salta, se unió el martes 3 de agosto pasado, a la mañana a la convocatoria de un movimiento de mujeres vulneradas, contra el desalojo y la violencia de género que se manifestó en la Plaza 9 de Julio.
En diálogo con Nuevo Diario, habló sobre la necesidad de manifestarse y unirse para luchar por varios objetivos. "Estamos a un año de la aprobación de la ley de alquileres, no tenemos respuestas positivas del abuso en el aumento de las inmobiliarias y propietarios respecto a los precios de alquileres. Creemos que llegó a un 40%, y en algunos casos un 60%", enfatizó.
"Los alquileres se comen los salarios del pueblo argentino, también creemos que no hubo un apoyo real de parte de los gobiernos de turno para incentivar el cumplimiento de ésta ley de alquileres y hubo un lobby tremendo de las inmobiliarias para desestimar ésta aprobación de derechos que tiene el pueblo hoy", agregó.
"En Argentina hay 9 millones de inquilinos, y en Salta 72.000 familias sin acceso a la vivienda. Hoy nos encontramos acá en la Plaza 9 de Julio, realmente por eso porque no hay acceso a la vivienda. No hay un compromiso para que esta ley se cumpla y para que los inquilinos no queden desalojados", indicó.
Remarcó también que durante la pandemia no hubo ningún apoyo legal hacia los inquilinos. "Ahora tenemos también casos de mujeres que fueron agredidas en su propio domicilio y cuando se van a otro lado son desalojada y las abligan a volver".
"Queremos que esto se termine, así que estamos creando un movimiento muy grande en Salta. Históricamente las mujeres conseguimos muchas leyes juntas, de hecho el año pasado con respecto al aborto legal, seguro y gratuito, nosotros nos unimos en un movimiento muy grande de mujeres. Este movimiento también va a pelear por el acceso a la vivienda y para que las mujeres no sean desalojadas".
"Nosotras hicimos presentaciones judiciales con respecto al desalojo de compañeras; como también hicimos presentación de proyectos de defensoría de inquilinos para que no terminen en desalojos. Nunca fueron respondidas. El acceso a la vivienda es un derecho humano básico", concluyó.