Con esto, en principio, se destrabó la toma del edificio de la entidad de los pueblos originarios que fue ocupada el miércoles pasado, cuando miembros de distintas comunidades reclamaron por las obras inconclusas de viviendas.
"Lamentablemente va a tener que ser así sino volvemos a ocupar el lugar”, dijo a Nuevo Diario Calermo entrada la tarde de ayer, cuando anotició del retiro de quienes hasta ese momento estaban en el edificio.
Planteó como argumento para reemplazar a Centeno que ese vocal tendría algunos malos antecedentes, como el de deber unos 7 millones de pesos al IPPIS sin haber rendido destino, ni haber volcado los recursos a las comunidades que pertenecen al pueblo Chorote. Añadió que hay muchas otras situaciones que involucran a los dirigentes de los demás pueblos, irregularidades que sumarían entre 17 y 18 millones de pesos.
Por su parte, el presidente electo en el IPPIS el 25 de enero pasado, Alejo Gallardo, explicó a los medios que si bien hubo la decisión de mantener cerrada la institución, esto se debió a que ante las irregularidades se solicitó una auditoría para conocer el destino de los fondos y poder dar respuestas a las comunidades.
Reconoció el reclamo de las comunidades por la falta de conclusión de obras, sobre todo de viviendas, que en algunos casos están sin concluir desde el año 2010.
Al referirse a Calermo, Gallardo sostuvo que el vocal wichí está hace muchos años con la institución "y él tiene que respetar a la gestión nueva". De hecho el mismo Calermo se vanaglorió de ser miembro fundador del IPPIS.
Gallardo por su parte sostuvo que las viviendas sin terminar en 2010 y 2014 pertenecen justamente a las comunidades wichí, de donde Calermo es el responsable, "Pero al final ahora culpa al IPPIS", dijo. Al responder sobre ello, Calermo fue poco claro y sólo apuntó a la presunta responsabilidad del IPV.
