Estos 7.760 contribuyentes tienen dos o tres medidores en un solo catastro del cobro del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa General de Inmuebles.
Se decidió también la exclusión de 25.205 contribuyentes de la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y Personas por no estar contemplada su situación en el Código Tributario Municipal.
El órgano de control, de manera provisoria, ha ratificado que corre el plazo de 60 días para que se confirmen los actos administrativos dictados por la ARMSa.
La doble imposición tributaria a los contribuyentes generó cruces entre el Ejecutivo municipal, concejales de la oposición y el mismo Ente Regulador. Inclusive, hubo bajas del gabinete municipal, como fue el caso de Frida Fonseca, que renunció a su cargo de Secretaria de Gobierno por estar en desacuerdo con la intención de la municipalidad de persistir en el cobro de impuestos en la boleta de la luz.
A través de su Resolución 829/22 el Ente Regulador informó que son 7.760 los contribuyentes a los que se les cobra dos o más veces los tributos municipales.
Desde la Municipalidad informaron que accedieron al estudio caso por caso solicitado por el Ente, a quienes transitoriamente también se les suspenderá el cobro, hasta tanto se esclarezca la situación.
Además, también por el acuerdo se suspendió a más de 25 mil contribuyentes, que son los que se incorporaron en el último año al régimen municipal, el cobro de la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y Personas, que también se cobraba a través de las facturas de luz. Los propietarios de viviendas en edificios y urbanizaciones deberán pagar cuando esté acreditada la existencia de unidades independientes.
Cabe aclarar que, por este último tributo, la disposición es transitoria hasta que se reglamente el cobro a través del Concejo Deliberante, ya que se consideró que no hay figura legal dentro del Código Tributario Municipal para cobrar este ítem.
Oportunamente y en medio de fuego cruzado, el Ente emitió la resolución 789/22 donde suspendió el cobro de impuestos a través de Edesa a más de 23 mil contribuyentes que se incorporaron al sistema de recaudación municipal desde enero del 2.021 hasta enero de este año.
Desde el municipio objetaron la resolución aludiendo que no había error en los cobros, aunque el propio Daniel Nallar confirmó a Nuevo Diario que habían detectado 2.500 casos con reclamos a los que provisoriamente suspendieron el cobro del impuesto.
Por este acuerdo, la Municipalidad deberá implementar un nuevo sistema de cobro de impuestos y deberá devolver los importes mal cobrados.
El cambio de criterio municipal también involucra la prohibición de consignar las palabras "catastro" y "parcela" que están reservadas para uso exclusivo de la Dirección General de Inmuebles según ley 2.308, y la división de la base imponible cuando se trata de valuación fiscal de los catastros para evitar doble o triple imposición.
"Estamos conformes con este nuevo acuerdo del Municipio y EDESA que garantiza a futuro legalidad para la cobranza de tributos. Sin perjuicio de que la auditoría proseguirá, y que varias decisiones tienen que ser ratificadas por el Concejo Deliberante, está claro que nos encaminamos a una solución", indicó Carlos Saravia, titular del Ente Regulador.
