NOTA RELACIONADA: Dudan de la factibilidad del ex terreno de una boroquimica
La causa que aun investiga la Justicia es contra de Alberto Raymundo Sosa; Julio César Palombini; Víctor Manuel Brizuela; Laura Inés Wayar; Juan Carlos Romero y María Pérez de la Fuente.
Está caratulada como “fraude a la administración pública en concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita en perjuicio del Estado Provincial”.
En aquellos años su histórico abogado, Alberto Raymundo Sosa, tal y como sostiene la imputación del fiscal Eduardo Barrionuevo, habría comprado cuatro hectáreas de la Ex Boroquímica Baradero S.A., ubicada en el sur de la ciudad, al lado de los barrios Bancario y San Carlos.
Después de esa compra de Sosa en 1999, que significó un desembolso de unos 160 mil dólares, los terrenos fueron ofrecidos al estado provincial que mediante el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta (IPV) compró los terrenos en 580 mil dólares para la construcción de casas a fines del 2000.
Un dato que fue confirmado por una auditoría realizada a pedido del Concejo Deliberante de Salta en 2011, es que el precio pagado por esos terrenos por el IPV “fue por terrenos en condiciones de ser utilizados para la construcción de viviendas, sin considerar la desvalorización de los mismos como consecuencia del grado de contaminación y el consiguiente costo de recuperación”.
En este informe, la Auditoría General de Salta destaca la presencia de “boro” en los terrenos adquiridos por el IPV. Y recuerda que en 2001 se inició una causa judicial por los reclamos de los vecinos con respecto a este predio por la contaminación de los terrenos.
En los considerandos de la Resolución que autoriza la transacción, se invocó como urgente los dichos del Intendente de la Capital, en relación a la “necesidad de dirigir el crecimiento y el de-sarrollo poblacional de la Ciudad de Salta”. Pero hasta la fecha de la finalización de la auditoría, los terrenos no se han “recuperado y consecuentemente utilizado los terrenos que fueron adquiridos por razones de “urgencia o emergencia”.
Por esta causa, fueron indagados Sosa y el ex ministro de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, entre otros acusados. A diferencia de Romero, Sosa debió presentarse ante el juez Diez.
Juan Carlos Romero, ex Gobernador de Salta, actual Senador.
