Así se desprende de la comunicación que el vicario judicial de la Arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto de Sancristóval, tuvo con Radio Nacional.
Al respecto, el letrado eclesiástico explicó que en estos juicios se encuentran involucradas víctimas mayores de edad que piden resguardar su identidad, y poner las actas en conocimiento de la justicia ordinaria podría implicar su identificación.
El reclamo por la entrega de las actas de los procesos eclesiásticos fue elevado desde un primer momento por Luis Segovia, el abogado de Carla Morales y Juan Carlos García, a la Justicia, sin recibir nunca una respuesta.
Al explayarse en el protocolo, Loyola explicó que en realidad a partir de la existencia de este escrito se seguirá la línea respecto de las denuncias cuando se trate de personas menores de edad que denuncian haber sido abusadas por miembros de la Iglesia. En estos casos, explicó, se instará a realizar la denuncia en la Justicia Provincial y se hará un acompañamiento de las víctimas.
"Lo primero es pedir perdón porque no supimos transmitir a la gente nuestra cooperación", dijo Loyola al recordar que cuando se conoció sobre los presuntos abusos en J.V. González, cuando fue señalado como responsable a Eduardo Balbi. "En ese momento se hizo la denuncia a la fiscalía federal", dijo.
En cuanto al caso de Emilio Lamas (ex cura), sostuvo que "cuando pidieron declarar lo hicimos, el obispo contestó las preguntas, los informes los contestamos", lejos de lo que dijo, consideró la sociedad, como un encubrimiento u ocultamiento.
"Los sacerdotes no estamos excluidos de la ley civil y se nos aplican todas las leyes sin excepción" indicó al sostener que lo único que prevé el Concordato firmado entre la Argentina y el Vaticano, es "la autonomía de cada jurisdicción".
En cuanto a García y Morales, dijo que fueron convocados como testigos en las causas que la Iglesia investigó, y son otros los denunciantes y las víctimas.
"Un lindo artilugio"
De manera irónica, Segovia entendió que lo establecido por el protocolo es "un lindo artilugio" para seguir "obstaculizando" los procesos judiciales según la interpretación que hagan de los casos que llegan a su conocimiento.
Al hablar con Nuevo Diario indicó que el protocolo es una "adecuación" a las leyes vigentes en el país que indican que el abuso sexual a personas menores de edad es un delito de "acción pública", es decir, perseguible por el Estado.
Sin embargo, consideró que con el sistema eclesiástico, será la Iglesia la que determinará (en Salta en primer lugar, o en Roma al último), si la denuncia es procedente o no, antes de ir a la Justicia ordinaria.
