Desde el sector de Argañaraz, en tanto, se preveía la existencia de una reunión entre quienes están en el conflicto, a fin de conocer si encontraban una salida a la disputa.
Sucede que, según declaró la secretaria general a otros medios, para hacer realizar los cambios establecidos se debería llamar a una asamblea de afiliados al gremio, según lo marca el estatuto.
En una reunión realizada (ante la falta de sede), en un bar y ante escribano público, los miembros de la Comisión sostuvieron que: "Habiendo tomado estado público supuestas irregularidades sobre el manejo de los fondos de esta institución", se resolvió que "con el fin de evitar cualquier situación anómala, todo movimiento de dinero, gastos, pagos, retiros", entre otras acciones, "deberán contar con la autorización expresa de la tesorera y estar refrendado por la comisión directiva de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 del estatuto".
Agregaron que también "todos los fondos que ingresen por los diferentes conceptos deberán ser rendidos exclusivamente a través de arqueos de caja en la sección contable de la ADP".
Se sostuvo que nadie está facultado a retirar esos ingresos y en caso de incumplimiento se aplicarán "las medidas disciplinarias correspondientes y de ser necesario se formulará denuncia penal".
Repitieron que el emprendimiento del Fideicomiso Virgen de Urkupiña "no tiene absolutamente nada que ver con la ADP, constituyendo un negocio personal de la profesora Patricia Argañaraz".
También se indicó que requirieron a Argañaraz las explicaciones pertinentes por el audio que se difundió por las redes sociales en el que vuelca expresiones que se interpretaron como amenazas vertidas por la gremialista contra el vocal titular Nº 3 de la ADP, David Romero.
De hecho por ello se dispuso una denuncia penal. También repudiaron las agresiones al miembro de la Comisión Directiva, que, según lo dice Argañaraz en el audio viralizado, fue a denunciarla a ella a la CETERA.
Por último, remarcaron que "el acta acuerdo salarial suscripta por la secretaria general el pasado diciembre de 2018 carece de legitimidad institucional, por cuanto no fue consultada ni avalada por esta comisión directiva".
La nota en cuestión es, incluso, firmada por Ana María Cerezo, la tesorera y algunos de los otros miembros de la Comisión Directiva que se sentaron junto a Argañaraz en la conferencia con la que intentaron bajar el tono del conflicto del fideicomiso.
Se prevé regularizar la atención
Según se explicó desde el sector de Argañaraz, el lunes el gremio estuvo cerrado porque había amenazas de manifestaciones y posibles agresiones, mientras que ayer estuvo cerrado por el aniversario de la creación de los centros médicos. Se prevé que recién hoy haya una regularización en la atención.
Para Tribuna Docente - que pidió a la Justicia investigar los movimientos dentro del gremio-, si bien la comisión directiva repudió de algún modo a la secretaria general no debe olvidarse que es la misma Comisión “que mantuvo unanimidad con Argañaraz todos estos años en los que se entregó el salario docente, se manejaron los fondos gremiales como si fueran de propiedad de los directivos, se financiaron viajes suntuosos”, por lo que volvieron a pedir realizar las asambleas de afiliados.
