El organismo nacional emitió el lunes una disposición por la cual declaró la "Ineficacia jurídica del proceso disciplinario llevado a cabo en la ADP el día 27/04/19 en contra de la gremialista, quien realizó un planteo sobre la falta de garantías para su defensa.
Según algunos especialistas consultados por Nuevo Diario, los efectos de estas resoluciones no son inmediatos dado que se deben esperar los tiempos administrativos para que la parte que estuvo a cargo de la asamblea (en este caso, la Comisión Directiva), pueda hacer su descargo entre los 10 y 15 días que establece la resolución.
Las postura de un lado y otro
"Hoy (por ayer), apenas llegó la notificación respondimos", dijo la abogada de la ADP, Liliana Hermosilla. Sostuvo que la notificación enviada por la entidad nacional no cumple con los requisitos formales de un acto administrativo en tanto, entre otras falencias, adolece de la falta del dictamen que la llevó a esa determinación.
"Están ignorando dos procedimientos judiciales que salieron en contra de Argañaraz", afirmó al referirse a la tutela sindical primero, y el amparo que presentó, después, antes de que la asamblea se realice.
Ignacio Martinelli, abogado de Argañaraz, interpretó que al declarar la ineficacia jurídica, para la Dirección nacional "La asamblea no existió". Con esto, continuó, caen las resoluciones tomadas por la mayoría de los asistentes.
Entendió que al ser así, también queda sin efecto todo el proceso disciplinario que se inició para apartar a Argañaraz de la ADP y que tienen que ver con denuncias de desmanejos financieros en la entidad y de un fideicomiso que era propio, con el fin de construir casas para afiliados al gremio.
"Siempre fueron incumplidores y desprolijos", sostuvo el abogado de Argañaraz.
Según su postura, con esta resolución no está dañado el carácter de Patricia Argañaraz como secretaria general de la ADP, por lo que según interpretó el letrado, la gremialista tendría en principio la posibilidad de volver al cargo inmediatamente. "Es una decisión de ella", dijo.
Pedido de Jury a un juez y una fiscal
Por su parte, Hermosilla anunció ayer en conferencia de prensa la elevación a un pedido de Jury y una denuncia penal contra "Un juez y una fiscal" a quienes evitó mencionar "Para garantizar su derecho a defensa".
Sin embargo, se entiende que el pedido es para el juez Ángel Longarte y la fiscal Verónica Siemesen, quienes actuaron en la audiencia que se realizó el 10 de mayo pasado.
Las explicaciones de la abogada indican que se habría convocado a una audiencia en lo penal para terminar encausándola a ella por la denuncia de Argañaraz de falta de garantías en su derecho a defensa. Hermosilla entendió que no era el fuero donde eso debía resolverse.
