A ello se suma el debate de la Comisión Directiva para fijar la convocatoria a una asamblea extraordinaria de la entidad por "el grave daño" que generó a los afiliados sobre todo con el proyecto del fideicomiso Virgen de Urkupiña.
Según surge del último fallo que dispuso la jueza laboral Nº 6, Guadalupe Varela, las acusaciones por las cuáles los representantes habían citado a Argañaráz involucran la decisión individual por parte de la gremialista en distintas acciones como: la apertura de la sede central un día antes de lo previsto tomando la decisión de forma unilateral e inconsulta, el manejo arbitrario y antiestatutario de los fondos de la ADP. Entre ellos se menciona la utilización de 250 mil pesos para abonar gastos para el fideicomiso Virgen de Urkupiña que luego habrían sido devueltos, y una extracción de un poco más de 125 mil pesos de la recaudación que se generó desde el camping de la entidad. En todos los casos, se señala que el retiro del dinero recaudado fue realizado por Claudio Acuña, vocal suplente de la entidad, quien es además el mismo que llevó el certificado médico que Argañaraz presentó en la última reunión de la Comisión Directiva para evitar dar respuestas a las acusaciones. Acuña es, a su vez, cuñado del médico que extendió ese certificado que según se entendió hasta el momento, habría avalado la falsedad sobre la condición médica de Argañaraz. Otra acusación de la Comisión Directiva sostiene que Argañaraz "autorizaba gastos sin el concurso de la tesorera, como cuando contrató y autorizó el pago de los fondos existentes en la casa de camping como la contratación de La Ferro Band el 27 de enero por la suma de 25 mil pesos además de los gastos de la clase de zumba, la suma de 50 mil pesos", que según la resolución judicial, fue retirada por Argañaraz el primero de febrero o sea el mismo día que abrió la sede central por decisión propia pese a que el consenso anterior con la Comisión Directiva era otro. Dos días después la conserje indica que devolvió esos 50 mil pesos.
La “licencia” en la CTERA
Otra descripción que surge de las presentaciones que hizo la Comisión Directiva ante la Justicia en la tutela sindical que fue perdida por Argañaraz, fue que tras las denuncias del vocal titular, Daniel Romero, ante la CTERA, contra la suspendida secretaria general, generaron el pedido de la licencia en su cargo como prosecretaria de acción social de la entidad nacional. En esa presentación se sostuvo que Argañaraz tuvo que tomar la licencia en el cargo que detentaba porque "caso contrario su situación pasaba a ser tratada por el Tribunal de Disciplina de la Federación madre, es decir que su situación y responsabilidad es comprometida; ha superado el ámbito de actuación y competencia de la ADP".
