La iniciativa que se dio a coocer en la última sesión de la Cámara alta, es consecuencia de lo analizado por los senadores durante la visita a la Legislatura del presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gustavo Carrizo. En esa oportunidad, explicó que la Nación adeuda al organismo 700 millones de pesos en concepto de certificados y redeterminaciones de obras, que debieron ser asumidas por la Provincia ante el retraso en las liquidaciones y para evitar su paralización; pero que cuya erogación provoca, hasta su recuperación, un desfinanciamiento en el organismo.
La deuda mayormente corresponde a la reciente gestión del ex presidente Mauricio Macri.
El proyecto aplica sobre los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 8072/18, tiene por objeto mantener el equilibrio de la ecuación económico financiera de los contratos de obras públicas ante las fluctuaciones de precios que impactan en sus costos por efectos de la inflación.
Establece que los precios de los contratos, correspondientes a la obra faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados cuando los costos reflejen una variación. Se propicia también que los nuevos precios se determinarán ponderando ciertos factores según su incidencia en el precio total de la prestación como; el precio de los materiales y demás bie-nes incorporados a la obra; el costo de mano de obra y todo otro elemento que resulte significativo.
También se fija que los precios de los contratos se redeterminarán a partir del mes en que los costos hayan tenido una variación promedio que superen los límites del mismo siendo los precios o índices de referencia a utilizar los informados por organismos especializados.
En sus fundamentos el proyecto establece que, “surge la necesidad de efectuar adecuaciones al régimen a fin de continuar impulsando la transparencia en el cálculo de redeterminaciones de precios por variaciones de costos; debiéndose contemplar mecanismos para resolver los efectos que provocan las fluctuaciones de precios que impactan en los costos”.
