Por apoyar la denuncia contra el secretario General Raúl Martínez, Salta dejó de recibir dinero para el funcionamiento de la obra social y se le recortaron los beneficios turísticos a los agremiados.
Ayer un grupo de afiliados repudió la presencia de algunos dirigentes que llegaron a la ciudad a dialogar con las empresas de seguro y a recorrer las instalaciones de la sede sindical en Salta.
El problema interno tiene su raíz en 2009 cuando el Gobierno nacional mediante un DNU deslinda la responsabilidad de las empresas de aportar el 0.5% de todas las primas de seguro que se firman en el país que se destinaba a la obra social y al sindicato.
Esa medida se judicializó y la defensa era llevada por el estudio jurídico de Carlos Miodownik Vera, quien además es Gerente de Asuntos Legales del sindicato.
Este juicio lo ganó la obra social. “Los honorarios fijados para el estudio jurídico que era abogado nuestro, era de nueve millones, pero entre el secretario general y un funcionario de la obra social rechazan ese monto y hacen un acuerdo por 1.200 millones, sin que se entere nadie. El estudio ya recibió 600 millones y aún faltan que se entreguen 600 millones más”, explicó sobre la situación Daniel Pérez.
Este arreglo entre el sindicato y el estudio jurídico provocó que un afiliado denunciara en mayo del año pasado a Raúl Martínez, titular del sindicato del Seguro y a Orlando Fariña, titular de OSSEG (obra social), en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de Romilda Servini de Cubría por desviar fondos de la obra social.
Esta denuncia fue respaldada por el secretario Adjunto del Seguro, Miguel Méndez, y el secretario de Organización, Luis Berndt, y el secretario del Interior Orlando Santa Cruz y Marcelo Perea. Hasta ahora, Martínez tiene cuatro denuncias en su contra.
“La conducción nacional y los secretarios generales de las provincias pidieron explicaciones y no hubo respuesta. En el Congreso Nacional que se hizo a fines del 2018, desde Salta y de otras provincias no avalamos la aprobación del balance y memoria y por eso iniciaron las persecuciones a la delegación Salta”, señaló Pérez.
Detalló que desde entonces no reciben el dinero para el funcionamiento de la sede sindical salteña. “La plata de los afiliados se centraliza en Buenos Aires y de ahí baja a las delegaciones. Tenemos que poner de nuestro bolsillo para pagar la luz y el gas. Esta persecución no la vamos a tolerar, ni tampoco vamos a vender nuestra honestidad. No podemos permitir que unos pocos vivos se lleven dinero que podría servir para más prestaciones de los afiliados”, agregó.
Precisó que también les recortaron los beneficios turísticos para los afiliados. “Lo que pasó esta mañana (por ayer) es que llegó de Buenos Aires el protesorero de la obra social a hablar con las empresas y pasó por la obra social, los afiliados se presentaron y le manifestaron su repudio por el encubrimiento que hacen en este desmanejo”, disparó.