A la par de esta nueva declaración, Salta mantiene dictadas medidas similares en materia socio-sanitaria, económica y agropecuaria.
La resolución emanada del Ministerio presidido por Abel Cornejo, especifica que la medida abarca aspectos preventivos, asistenciales, sanitarios como así también de rehabilitación, infraestructura y de los servicios de todos los establecimientos carcelarios.
En cuanto a la infraestructura comprende dependencias destinadas a la guarda y custodia de personas procesadas, penadas o simplemente detenidas.
La declaración de emergencia penitenciaria determina la creación de una comisión que se conformará en los próximos 10 días y se deberá reunir una vez al mes durante los tres años.
Estará presidida por el representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, del Servicio Penitenciario Provincial, la Subsecretaría de Políticas Penales, el Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía y Servicios Públicos, la Corte de Justicia de la Provincia, la Defensoría General del Ministerio Público y Procuración General Del Ministerio Publico.
La comisión analizará y coordinará los diferentes órganos del Estado provincial que intervienen en materia penitenciaria proponiendo:
a) proponer las medidas necesarias a fin de resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario
b) proponer mejoras en las condiciones de privación de la libertad.
c) promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad especialmente para grupos vulnerables.