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DEMORADO DESDE EL 2014

El gobierno impulsa el juicio por jurados populares en Salta

Un encuentro entre representantes del Poder Ejecutivo y miembros de la Corte de Justicia sirvió para impulsar el juicio por jurados populares en la Provincia. El proyecto en el que se trabaja desde el 2014, será remitido a la Legislatura por el Gobernador salteño para su tratamiento.

NDS |

El gobernador en la reunión con con los ministros de la Corte por el avances del Juicio por Jurados que está cada vez más cerca en Salta.

De la reunión participó el gobernador Juan Manuel Urtubey y los jueces de la Corte de Justicia. La implementación de esta metodología de juicio fue anunciada ya en el 2014 llevándose adelante una serie de capacitaciones donde profesionales y funcionarios operadores de Justicia profundizaron sobre el sistema que ya se desarrollaba por aquel entonces en Estados Unidos, y donde Salta iba a ser la pionera a nivel nacional. Hoy ya siete provincias lo cuentan entre uno de los sistemas de juzgamiento.

Así se promovían con la llegada de expertos del país del norte para alcanzar el debate y perfeccionar las prácticas y técnicas de litigación en juicio por jurados. Fiscales, Defensores, Jueces y abogados atendieron las cuestiones fundamentales del Juicio por Jurados”.

Mendoza, Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Córdoba ya los cuentan hoy, inclusive en 2014 la entonces ministra de Justicia, Pamela Calletti, ya tenía entre sus manos la posibilidad de elevar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley.

Cabe recordar que inclusive se llevó addelante un simulacro con personas que voluntariamente se ofrecieron y que debieron participar y emitir un fallo en contra de un homicida.

Sobre las capacitaciónes y el sistema en si  Calletti destacaba que “a través de juicio por jurados se busca la democratización de la justicia, y acercar más  la justicia a los ciudadanos y los ciudadanos a la Justicia. Con la visita de estos destacados profesionales se analizaron los diferentes roles que cumplen en un juicio por jurado, para conocer más del sistema que buscamos establecer en Salta”.

Lo cierto es que el sistema trasmite mucha confianza en la ciudadanía, en relación a como se maneja el proceso donde los ciudadanos se involucran y se sienten parte de la administración de justicia.

La semana anterior inclusive desde la Corte funcionarios viajaron a Mendoza para profundizar, más aún, el tema.

Principales fundamentos

El mandato relativo a que los juicios criminales se lleven a cabo mediante jurados populares, data desde la organización nacional y se encuentra plenamente vigente al haberse convalidado en la reforma introducida a la Constitución Nacional en 1994, resultando indispensable para robustecer la credibilidad de las instituciones.

Este proceso debe entrar ahora en un estado de definición en el contexto del reciente pronunciamiento de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Canales”, donde se dejó claramente zanjada la antigua disputa que ponía en duda la facultad de las provincias para legislar sobre juicio por jurados.

Es una alternativa que permite conjugar la precisión del saber técnico con la apreciación del saber popular, congregando la garantía inherente al debido proceso y la percepción de la realidad propia de una decisión basada en el sentido común.

Se produce un acercamiento del pueblo a la Justicia, que contribuye a un ejercicio responsable de la ciudadanía y legitimando democráticamente, las resoluciones judiciales en los casos más graves en materia penal.

Entre los fundamentos se destaca que el juicio con jurados tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos del sistema republicano  siendo un control directo sobre los actos de otros poderes del Estado; es el modo en que el pueblo muestra a los poderes del Estado su visión de la realidad; implica una mayor garantía de imparcialidad; la división entre veredicto a cargo del Pueblo y sentencia a cargo del juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.

Además de la calidad de los fallos, se trata del cumplimiento del mandato constitucional para completar el sistema elegido por los constituyentes para el control de la gestión pública.

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