PROYECTO DE PARQUE INFANTIL

Dudan de la factibilidad del ex terreno de una boroquímica

Son cuatro hectáreas de un terreno donde funcionaba la ex Boroquímica Baradero, motivo de una de las tantas causas penales por corrupción del ex gobernador, Juan Carlos Romero, su abogado personal Raymundo Sosa y numerosos ex funcionarios, quienes por una maniobra triplicaron su valor de venta a costa del estado provincial.

NDS |

El terreno contaminado donde se planea un parque infantil de la ex Boroquímica, ubicado en el sur de la ciudad, al lado de B° Bancario y San Carlos.
El terreno contaminado donde se planea un parque infantil de la ex Boroquímica, ubicado en el sur de la ciudad, al lado de B° Bancario y San Carlos.

NOTA RELACIONADA: La Justicia aún investiga “fraude a la administración pública”

El caso es conocido como uno de los hechos de mayor corrupción registrado durante el tercer mandato del es gobernador Romero, quien pese a ser imputado penalmente por esta causa nunca se presentó a dar explicaciones de cómo su abogado personal, Raymundo Sosa, con una inversión de 160 mil dólares ganó 580 mil al venderle el terreno a la provincia, cuando su mejor cliente era el gobernador.

En los últimos días el gobierno provincial anunció la construcción de un parque infantil en las mismas tierras.

Este anuncio generó preocupación debido que desde el mismo gobierno provincial y otros organismos, como el INTA, por ejemplo, señalaron varias veces la inutilidad del terreno adquirido.

Incluso un ex funcionario del gobierno de Urtubey realizó duras declaraciones y puso en duda la factibilidad de las tierras, lo que sucedió luego que el abogado Sosa, al salir de ser indagado por el presunto delito de fraude, aseguró que el terreno había sido saneado.

Informes técnicos

En el expediente penal de este caso se encuentra un informe del 25 de julio de 1997 de la ex Dirección de Medio Ambiente de la Provincia y Secretaría de Minería, en el que se reportó que en dicho terreno se observaron “graves limitaciones para el uso del suelo para la instalación de parques y jardines debido a un alto contenido de sales y valores muy altos de boro soluble”.

El mismo año en que Sosa le vendió ese terreno a la Provincia, en junio de 2000, el INTA concluyó la existencia en dicho predio de boro y de una contaminación gradual. Dos años después, ya celebrada la venta de esas tierras, un informe del Programa de Toxicología y Salud Ambiental, estableció que los “terrenos no son aptos para el desarrollo de actividades humanas o agropecuarias”.

Estos dos informes, por sí mismo, generan suficientes dudas al anuncio del gobierno, que sostuvo que en el lugar se proyecta la construcción de un parque, algo que estudios técnicos de la Secretaría de Minería no recomendaron, como así también lo hizo el INTA.

Al ser indagado por el ex juez de Instrucción, Federico Diez, el abogado Sosa aseguró que saneó el terreno. Declaró que en el lugar “se volcaron ocho mil camionadas de tierra nueva, tras lo cual recién lo vendió a la provincia”, y que por ello, invirtió la suma de 200 mil pesos. 

Frente a esta declaración, el ex interventor del Instituto Provincial de Viviendas, Matías Posadas, aseguró en ese entonces que esos terrenos no son aptos para la construcción de viviendas. Explicó que las tierras "han mejorado por el paso del tiempo por una cuestión natural, pero no están saneadas. Tienen remoción de escombros, pero eso no tiene nada que ver con el saneamiento del terreno que significa un tratamiento puntual de las tierras".

Incluso, esta situación obligó a la entonces Aguas de Salta hacer obras de empalmes con tanques de agua que están lejos del lugar para garantizar la salubridad del agua potable a los vecinos de la zona, enfatizó Posadas.

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