El diputado Manuel Santiago Godoy (Capital-PJ) dijo en el momento de las manifestaciones que: “Hoy acabamos de perder una oportunidad histórica de hacer una cosa diferente con el decreto ley 255, que la cambió la Cámara de Diputados hace mucho tiempo, que se la sacaron a la policía y se la dieron para que la maneje como corresponde el fiscal y los jueces. Y, sin embargo, apareció alguien que dijo vamos a hacer la 255 y devolverla a la fuerza de seguridad. Con la ley decreto 255 está todo el mundo en contra, hay una acción de inconstitucionalidad, es violatoria de la Constitución y de una u otra manera prohíbe a los gobernadores y al Ejecutivo dictar normas penales que puedan llevar a la detención de las personas como los casos que se están planteando, ni en la Nación se hizo eso porque la Nación le notifica al infractor de la multa y le dice que se presente ante el juez”.
Dijo que: “La comisión de Derechos Humanos la trató con tranquilidad, vino la gente de Derechos Humanos y se le dijo que se iba a tratar, pero no se trató. Fue una oportunidad para poder volver a la normalidad constitucional en la aplicación de la ley-democracia, y la aplicación de la democracia efectiva y que la Justicia se encargue de los casos contravencionales con el fiscal y el juez”.
Mientras tanto, la Mesa por los Derechos Humanos de Salta y el CELS está a la espera de la resolución de un amparo para pedir que el Gobierno de Salta deje de aplicar el DNU 255/2020. Denuncian que es una violación al derecho a la libertad ambulatoria. Pero, además, se trata de una medida que, por su extensión y por la inmediatez en su aplicación, genera riesgos graves y concretos sobre la seguridad personal, la integridad física y la salud de las personas.
Acción nacional
El jueves, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino por estos hechos y presentó un habeas corpus colectivo y preventivo contra la violencia institucional en Salta.
