Desde la Procuración de la provincia informaron que si bien no se dispuso ninguna medida de un juez, se desalojó a las personas a retirarse de los diversos descampados que según asegura el Gobierno, son terrenos privados.
Luego que personal policial y de Infantería desde el domingo les cortaron el acceso al alimentos y agua, cerca de la medianoche de ayer las personas abandonaban los asentamientos y sin ninguna solución al histórico problema de demanda habitacional que pusieron en relieve durante la última semana.
Sólo quedaban las familias que se asentaron inicialmente en Parque La Vega, y aguardan el resultado de una mediación interpuesta. No obstante desmintieron que fueran arengados por punteros políticos.
Angustia de familias en San Agustin
“Somos familias que estamos simplemente desesperados”, señaló con profunda desazón a Nuevo Diario, Luciano uno de los ocupantes de tierras en el camino a San Agustín.
Sostuvo que “la policía entró con una supuesta intimación de desalojo que tenían para esta tarde (por ayer), no quisieron hablar con nuestros abogados y nos amenazan con desalojar en horas de la noche”, dijo y relató que en el lugar se encontraban familias completas con sus hijos, adultos mayores y hasta personas con discapacidad.
“No sabemos qué hacer” agregó. “El gobernador dijo anoche (por el lunes) que somos de facciones políticas, y lo desmentimos rotundamente, sólo somos familias carentes de recursos”, sostuvo el vecino, que detalló que en ese predio se encontraban 200 familias instaladas a las que inclusive les impedían el acceso al agua potable y alimentos.
Luciano era vendedor ambulante, y con el aislamiento social se quedó sin trabajo, sufriendo el desalojo de su vivienda de barrio Autódromo junto a su familia: “No tenemos a dónde ir”, sostuvo.
En Parque La Vega
La misma sensación de angustia y tristeza invadía a las familias que decidieron tomar los terrenos fiscales de Parque La Vega y que no alcanzaron a ingresar en la mediación, describió a Nuevo Diario, Ariel, un trabajador de la construcción que se instaló junto a su mujer y sus hijas.
“No hubo violencia hasta ahora, pero más de la mitad optamos por irnos, no nos dejaron más opciones, sostuvo el hombre de 42 años. “No estoy preparado para que nos caguen a palos a mí y a mi familia, aunque no tengo ni siquiera a dónde vivir, y hoy no puedo trabajar porque además estoy en grupo de riesgo”, sostuvo.
En San Calixto
Similar historia de carencias y desesperación, es la de Santiago en San Calixto, que agregó: “Sabíamos que esto podía pasar, la policía no nos agredió pero tampoco nadie nos dio esperanzas de nada, fue inútil”, en relación al acampe de una semana que realizaron en la zona más de 40 familias.
Los desalojos arrancaron el domingo, cuando la policía se presentó en barrio Justicia, en la zona sureste de la ciudad, irrumpiendo de manera violenta, con saldos de personas heridas de balas de goma, y según indicaron los vecinos, sin orden de desalojo. Si bien el despeje fue diferente, lo cierto es que ninguno de los vecinos obtuvo respuestas, ni esperanzas.
Las carpetas de la ex- Tierra y Hábitat
Del diálogo con las familias de los distintos acampes, surgió el común denominador de que muchas de ellas habían presentado sus carpetas en la ex- Secretaría de Tierra y Hábitat de la provincia, hoy fusionada con el Instituto provincial de la Vivienda. En todas las situaciones expresaron que desconocen qué fue de esos datos, y si actualmente están empadronados, cuando oportunamente desde el Gobierno, se comprometieron a unificar datos.
