Fue en el marco de las apelaciones que presentaron las empresas Telefónica Móviles Argentina SA y Telefónica de Argentina SA por la ordenanza 299/2010 de la Municipalidad de General Güemes (Provincia de Salta) que dispone, entre otras medidas, la relocalización de las antenas de telefonía celular ya instaladas fuera del ejido urbano.
La decisión se tomó con los votos concurrentes de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, que coincidieron en indicar que al aprobar la ordenanza el municipio se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional que conforme la Constitución Nacional son de competencia federal.
Sin embargo, votaron en disidencia los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti reconocieron la competencia constitucional de los municipios para regular cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
En concreto, la norma cuestionada ordenaba la erradicación en un plazo de 60 días de estructuras y antenas de la zona urbana, cuyo emplazamiento incumpla la distancia mínima de 500 metros respecto de esa zona o que se encuentren en las proximidades de lugares donde se desarrollen actividades educativas, deportivas, sociales o de cualquier tipo que signifique la posibilidad de exposición continua de personas a las emisiones de dichas antenas.
Para fundar su reclamo, las actoras argumentaron que, al regular tales aspectos, la municipalidad se entrometió indebidamente en la regulación del servicio de telecomunicaciones que, según surge del artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional, corresponde a la órbita de competencia exclusiva del Estado Federal.
También las actoras alegaron que la referida ordenanza resultaba irrazonable por cuanto había quedado demostrado por el perito oficial que las antenas de telefonía móvil no tenían efectos nocivos sobre la salud de las personas y que el emplazamiento ordenado no haría más que provocar el efecto contrario al que se quería evitar, por cuanto resultaba necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento del servicio.
La municipalidad, por su parte, defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. También alegó a tales efectos razones arquitectónicas, infraestructurales, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, morfológicas, urbanísticas y ambientales. La Justicia Federal de Salta había avalado al municipio y la ordenaza, lo que no ocurrió en la Corte.
Una lucha vecinal
En la Justicia aún queda por evaluar un amparo por el cual se solicitó revisar los efectos sobre la salud por la cercanía y emisión de las antenas. Noralí Palacios, una de las vecinas de General Güemes insistió en ello tras la muerte de al menos tres integrantes de su familia con cáncer y cuya vivienda se encontraba en el radio de tres antenas ubicadas en el microcentro de Güemes.
El defensor oficial federal, Martín Bomba Royo, explicó a Nuevo Diario que queda por resolver aún este amparo en manos del juez Federal Nº 1, Julio Bavio. Las empresas telefónicas habían presentado un recurso de caducidad del amparo que ya fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones.
A ello agregó que de la ordenanza nunca se aplicó y si se logró desmontar una de las antenas, fue por la predisposición de una de las empresas a hacerlo. Los vecinos, en tanto, esperaban una reunión para el 15 de este mes.
