Si nadie se las entrega a este legislador, la pregunta que surge es: ¿Entonces cómo es que llegan esas tablets del ENACOM llegan a manos de Durand?
El ministro de Gobierno Ricardo Villada replica: “La verdad habría que preguntarle a Emiliano Durand, no participé de la actividad así que no se en que contexto la entrega".
"Si lo que le puedo asegurar es que las tablets tienen un beneficiario, se entregan en forma directa a los beneficiarios o a través de fundaciones”, ratificó Villada.
Lo que desató estra controvercia son las denuncias periodisticas que el último jueves en el evento “Salta Emprende” realizado en el Delmi y otro anterior en el Centro de Convenciones, el senador Emiliano Durand sorteó tablets del ENACOM como parte de una actividad privada de su campaña sobre emprendedurismo.
En caso de que un ciudadano quiera realizar una denuncia por esta entrega irregular de bienes del Estado, el tema tampoco está del todo claro.
Nuevo Diario al consultar sobre la competencia, la Fiscalía Federal que dijo que como estos dispositivos las administra la Provincia. Al realizar la misma consulta en el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, dijeron que como las tablets son del Gobierno Nacional correspondería una investigación a la Fiscalía Federal.
Mientras este tema está en la nebulosa, tanto en el Gobierno como en la Justicia, el director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gonzalo Quilodrán, fue muy requerido por la prensa.
Se debe a que habría cierta irregularidad en esta entregas, no solo en estas campañas destinadas a emprededores que no es el procedimiento correcto, también surgió a través de FM Noticias, una denuncia que ya se está promocionando un curso en la Fundación Salta de 4 meses para que adultos aprendan oficios con un costo de $1.000. Hasta aqui todo bien, sino fuera que al final del curso los inscriptos se anunció que se llevan como premio una tablet del Gobierno.
En la consulta al funcionario nacional del ENACOM, explicó que para la entrega en las Provincias se firman convenios con diferentes niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales, que a su vez, envían un listado detallando datos del potencial beneficiario para ser cruzar con el SINTyS, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
“Queremos ser muy cuidadosos, queremos que las tablets lleguen a quien tengan que llegar. Hay un formato de transparencia muy bien armado y auditado”, dijo en una entrevista de FM Aries.
La raíz de la polémica
La controversia surgió luego que el medio De Frente Salta, publicó en una foto de un evento de emprendedurismo donde se puede observar que una mujer adulta recibe por sorteo una de las tablets, donde se ve claramente que corresponde a un dispositivo que pertenece al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
La entrega tiene sus requisitos
Tal como explicó Quilodrán estra entrega "tiene requisitos que hay que respetar", Nuevo Diario para completar este informe tuvo acceso a esos requisitos, donde se determina que la administración provincial con la que se firma el convenio, debe certificar que quien haya recibido la Tablet figure entre los destinatarios que la dependencia nacional define como destinatario a saber:
a) Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar (padre/madre, cónyuge/conviviente).
b) Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.
c) Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.
d) Jubilados, pensionados; y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.
e) Trabajadores monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
f) Usuarios que perciban seguro de desempleo como así también sus hijos entre 16 y 18 años.
g) Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844) como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.
h) Beneficiarios de la beca Progresar.
i) Desocupados que se desempeñen en la economía informal, como así también sus hijosas/tenencia de entre 16 y 18 años.
j) Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años
k) Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.098.
l) Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley N° 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los términos de dicha Ley.
m) Entidades de Bien Público definidas por la Ley N° 27.218 como: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan, debiendo estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).
n) Beneficiarios y Beneficiarias del Programa CONECTAR IGUALDAD aprobado por el Decreto N° 459/2010 y sus modificatorios.
o) Habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por el Decreto N° 358/2017
La gama de beneficiarios es amplia, pero lo que tienen en común es que estas personas deben certificar ante el estado que forman parte de este grupo de personas objetivo de la política pública.
Denuncias en casos similares
Esta entrega de bienes del Estado en forma irregular tiene como referencia el caso del redireccionamiento de donaciones del PAMI.
Ya se han realizado investigaciones judiciales por el uso de elementos que provén desde el gobierno nacional como parte de políticas públicas.
El concejal Fernando Ruarte se encuentra imputado por el delito de clientelismo electoral, por parte del fiscal federal Ricardo Toranzos. Sin embargo, la calificación penal para investigar el caso de Durand cambiaría, ya que la misma no se da en el contexto de elecciones.
Ante la consulta de este medio sobre a quien corresponde investigar el tema, desde el fuero federal contestaron que, si la Provincia administraron las tablets, “significa que tiene el contralor propio”.
Pero, desde el Ministerio Público Fiscal de Salta ratificaron que, al ser dispositivos provenientes de organismos nacionales, correspondería la intervención del fuero federal.
Pese a que al hecho cabría bajo la modalidad de noticia criminis para investigar de oficio, ninguno de los fueros judiciales ha interesado en actuar sobre el tema.
- Video de Durand durante el sorteo.
