Desde las 17:00 horas en la Legislatura de Salta habrá hoy una audiencia pública de la que participarán organizaciones civiles y población en general, manifestando sus observaciones y quejas ante el proceso que inicio en el año 2021 en el seno de la Cámara de Diputados.
El dictámen que proviene de la cámara baja propone a Marcos Segura Alsogaray y Elsa Pereyra, candidatos cuestionados dado el origen de sus nominaciones a los cargos.
En ese contexto, el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (CPCE) se presentará a la instancia y adelantó que objetará el procedimiento que se viene realizando. Juan Pablo López, presidente de la entidad, afirmó que el proceso de designación “está viciado”.
“Este procedimiento se inició con la vieja constitución. Cuando se hizo la presentación de los actuales candidatos no se tuvo en cuenta el nuevo esquema que plantea la constitución”, dijo López.
Según el contador, con la nueva constitución lo que se debía hacer es que en la Cámara de Diputados de la Provincia debía formarse una comisión de 7 miembros, con 4 de la oposición, cosa que no se cumplió.
“Nosotros lo que planteamos que si ya está vigente la nueva constitución tenemos que ser coherentes y volver hacia atrás con las designaciones porque el acto administrativo complejo que se está desarrollando no se ha terminado, y por lo tanto, no existe una cláusula transitoria que establezcan la ultra actividad de la vieja constitución”, afirmó el representante de los profesionales.
López sostuvo que desde la entidad defienden que los postulantes a los cargos sean considerados en torno a cuatro requisitos: la idoneidad, la transparencia, la independencia y la incumbencia. Esto fueron los aportes que realizaron en la convencional constituyente donde fueron convocados a aportar en la discusión.
En ese momento, el consejo propuso que los candidatos al cuerpo de auditores sean electos tras un procedimiento de un concurso público de oposición y antecedentes. “Esa transparencia lo está pidiendo a gritos la sociedad, justamente porque hay una desconfianza a la política en general”, dijo López.
Además desde el consejo consideran que la Auditoria al ser un órgano que revisa y analiza cuentas públicas, debe estar conformada en la medida por contadores en su cuerpo de auditores.
En relación a una posible judicialización del tema ante un posible avance de los senadores con el dictamen que viene de diputados, López expresó que como el consejo tiene funciones para estatales (control de las matrículas de los profesionales) “no podrían judicializar”.
“Tenemos un vínculo muy estrecho con el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y ellos en su momento dejaron entrever esa posibilidad”, dijo.
“La ciudadanía en general está esperando un gesto de la política de mayor transparencia”, sentenció.
