Abarca las discapacidades intelectuales, físicas y psicosociales (de salud mental).
Sofía Minieri, responsable de Proyectos de Género y Discapacidad de REDI, dijo a Nuevo Diario que en Salta el año pasado a través de talleres que dictó la organización recogió testimonios de personas con discapacidad que cuyos derechos sexuales y reproductivos fueron vulnerados.
“Una manifestación de eso fue el caso de una salteña que se desplaza en silla de ruedas que quedó embarazada y el médico le dijo que le iba a practicar una cesárea para el parto y que después la iba a esterilizar porque era una locura que siguiera teniendo hijos. Todo el mundo le decía que era una locura que tuviera un hijo y que nadie le iba a permitir que cometiera una segunda locura”, señaló Minieri, que agregó que la mujer tuvo pelear con su familia y médicos para que no la esterilicen.
En un segundo taller, REDI recolectó testimonios audiovisuales de las mujeres para que visibilicen estos derechos que serán presentados en el segundo semestre del año.
Minieri recalcó la falta de datos estadísticos que hay en este sentido. “El Estado debería producir esa información porque muchas de esas prácticas se hacen en los hospitales públicos. Pero cuando el Estado produce datos sobre salud sexual reproductiva no desagrega por la condición de discapacidad. Con #Injustajusticia queremos instalar en la agenda que las esterilizaciones involuntarias violan derechos y que no deberían estar permitidas y que queremos cambiar la ley”, dijo.
La campaña #InjustaJusticia se basa en el caso de Gabriela, una adolescente correntina de 13 años con discapacidad que fue esterilizada sin su consentimiento porque jueces/zas y médicos/as creyeron saber qué era lo mejor para ella y le negaron su derecho a decidir por sí misma.
Gabriela tenía derecho a un aborto (artículo 86 del Código Penal de la Nación), sin embargo, el personal médico obstaculizó el acceso a la práctica al solicitarle a su madre que obtuviera una autorización judicial. La justicia no sólo autorizó el aborto sino que, además, ordenó realizarle una esterilización, sin escuchar la opinión de Gabriela.
Este caso fue inicialmente dado a conocer por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en marzo de 2019.
En Argentina viven dos millones de mujeres con discapacidad, quienes representan el 11 por ciento de las mujeres que habitan en el país. Todas ellas, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento para las prácticas de anticoncepción quirúrgica (esterilización), por sí mismas, se informó.