Frente a la Central de Policía reclamaron que deje de aplicarse el artículo 114 del Código de Contravenciones y en la Legislatura que se aplique la ley nacional Diana Sacayán del cupo laboral trans.
Por último la comunidad celebró los 50 años del orgullo gay en intervenciones culturales en Plaza 9 de Julio.
La comunidad además de la inclusión laboral, a través del cupo trans, pidieron por inclusión en educación, salud, vivienda, deporte, cultura y acceso a la justicia de las personas trans. “Nuestra expectativa de vida es bajo y nos morimos más jóvenes, necesitamos políticas de Estado que permitan la verdadera inclusión para no tener que vivir de la prostitución”, expresó una de las manifestantes.
“Queremos que se respete y se dé cumplimiento a la ley de identidad de género en todos sus artículos y se incluyan las identidades travesti/trans de pueblos originarios”, afirmó otra. También pidieron por el cese de la violencia contra el colectivo LGBTIQ+ de parte de los grupos antiderechos, de las iglesias católica y evangélica.
Además pidieron acciones positivas a favor de las familias diversas, a favor de los adolescentes que son castigados, disciplinados y golpeados por tener una identidad u orientación sexual diferente a la heterosexualidad.
“Exigimos sanciones y disculpas de legisladores nacionales y provinciales que promueven el odio y atacan los derechos de la comunidad LGBTIQ”, dijo una de las activistas trans.
Otro punto importante de destacar al pedido de la comunidad es la reapertura del área de la diversidad sexual que otrora supo tener la Municipalidad de Salta y que cuente con presupuesto y equipos interdisciplinarios para las asistencias.
Acoso policial
Oportunamente, Nicole Erazo, activista trans, expresó que en los últimos tiempos se realizó al menos 600 denuncias en la Comisaría Segunda por abuso policial. “Lo más grave es que nosotras tenemos las constancias de las denuncias pero no están registradas en la Policía", agregó.
Travesticidios
El acoso policial y callejero no es el único a lo que está sometida la comunidad, también son vulnerables a los travesticidios, que en Salta llegan a 39.
Entre los últimos, se encuentra la muerte de Mirna Antonella Di Marzo, a fines de enero de este año en General Güemes. El 21 de octubre del 2018 Antonella llegó inconsciente y con traumatismos de cráneo al hospital Joaquín Castellanos, donde permaneció internada en terapia intensiva y agonizando varios meses hasta que finalmente murió el 27 de enero. Su agresor, José Gustavo Gareca fue imputado por el hecho.
“Tenemos el travesticidio de Luciana Nahir que no está en la Justicia, también el de Alejandra Prieto, Paola del Intersindical, que son por abandono del Estado nacional y provincial y no están en el ámbito de la Justicia porque son travesticidios sociales”, precisó Erazo.
