Miguel Rojo, titular de ATAP, aportará a la justicia que desde el 2018 a la fecha, pese a reiteradas solicitudes, espera que el Gobierno provincial le entregue la Certificación de Servicios y Remuneraciones y de viáticos programados.
"Hemos denunciado la probable comisión de hechos ilícitos ocasionados por funcionarios públicos de la Provincia de Salta, en perjuicio de la ANSeS, AFIP, Ministerio de Economía del Estado Nacional y en mi patrimonio. El Estado Provincial paga los sueldos a sus empleados públicos al igual que los municipios, incumpliendo el artículo 6° de la Ley N° 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones", expresó Rojo.
La ley señala que "Se considera remuneración, a los fines del SIJP, todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia".
Es así que Rojo manifiesta que el Estado adeuda a la ANSeS y AFIP las contribuciones por los viáticos y los no remunerativos que cobró como trabajador de la Dirección General de Rentas, lo que a la postre enflaqueció su jubilación, lo que lo llevó a promover una querella y actoría civil. En la ocasión presentó como pruebas las declaraciones mediáticas del ex legislador nacional Andrés Zottos, respecto a la deuda de la provincia con el Estado nacional.
"La evasión fiscal es evidente porque la falta de pago de los aportes y contribuciones nacionales es superior al 40% del monto total de los salarios. Esta evasión fiscal perjudica a los empleados públicos provinciales porque el cálculo del haber jubilatorio se efectúa en base a los montos de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador", sostuvo.
En mayo de este año, el Ministerio Público de la Nación notificó a Rojo que la causa fue desestimada por la fiscalía, pero al firmar en disconformidad, el fiscal Eduardo Toranzos, de la Unidad Fiscal, le informó que puede continuar las actuaciones ante el Juzgado de Garantías para que decida si se desestima o no la causa.
De acuerdo a investigaciones que realizó el sindicalista, serían alrededor de 112 mil pesos lo que el Estado provincial le debe a la AFIP por aportes y contribuciones sobre los ingresos no remunerativos de Rojo, en los últimos 10 años.
