Los nombrados habían sido acusados de haber defraudado al PAMI con el falseamiento de análisis bioquímicos complejos. La nulidad se dictó ante la falta de pruebas para llegar al procesamiento de los imputados por parte del juez del Juzgado Federal de Jujuy, Wenceslao Cardozo, quien ya renunció a su cargo. El procesamiento sobrevino de una auditoría realizada por la Asociación Bioquímica de Salta (ABS).
Los camaristas indicaron que, ante la renuncia de Cardozo y la imposibilidad del juez federal Nº 2 de Salta, Miguel Medina, de tratarlo dado que se había excusado en la causa debido a que uno de los acusados era médico de cabecera de su padre (en este caso, Víctor Canelada), se busque un nuevo juzgado de origen. Recomendaron que se delegue la investigación cabeza del Ministerio Público por contar con la colaboración de una unidad fiscal especializada en delitos cometidos en el ámbito de la obra social.
Ayer se pudo conocer de la resolución de la Cámara y según lo explicado por fuentes judiciales, Canelada sigue procesado porque solamente las defensas de Sasso, Díaz, Bardi, y Miranda presentaron las apelaciones a los procesamientos.
Cardozo había procesado a los profesionales de la Salud (Sasso médico, el resto bioquímicos), en febrero de 2018 como coautores responsables del delito de defraudación a la administración pública.
En la apelación, las defensas de los imputados indicaron que el propio Juez reconocía la inexistencia de pruebas directas de los hechos.
Otro punto en común de las defensas era la falta de especificación de cantidad de hechos y en donde se habían producido, lo cual se indicó, violaba la defensa en juicio de los imputados.
“Vicios insanables”
Los camaristas sostuvieron que el fallo apelado "adolece de vicios insanables, puesto que (...) no surge(n)...las razones que llevaron al Juez a resolver como lo hizo (...) carece de la indicación precisa y circunstanciada de los hechos que se atribuyen a los imputados; a la vez que no se advierte una valoración integral y confrontada de la prueba obrante en la causa que lleven a convalidar las conclusiones que efectuó el magistrado sobre las responsabilidades penales provisorias de los imputados Miranda, Sasso, Díaz y Bardi".
Agregaron que pese a la orden de Cardozo de "un peritaje médico y contable para que se analice toda la documentación de la ABS y del PAMI” para detectar quiénes “intervinieron en la facturación irregular sobre las prácticas bioquímicas...nunca se lo concretó”. Añadieron que se había restado verosimilitud a las declaraciones de los afiliados al PAMI presentados por la defensa de Díaz y Bardi, omitiendo su análisis. Ello, “pese a que la Unidad Fiscal para la investigación de delitos cometidos en el ámbito del INSSJP solicitó la declaración de casi 30 pacientes afiliados del PAMI”, a fin también de corroborar sobre las prácticas.
La denuncia
Según la acusación, que fue sustentada por la Asociación Bioquímica de Salta (ABS), en una auditoría, Sasso, Bardi y Díaz habían ideado un mecanismo para defraudar al PAMI, aprovechando su condición de médico y bioquímico, en el que Sasso suscribía las recetas solicitando análisis de mediana y alta complejidad a pacientes que no los necesitaban, quienes luego las presentaban en los laboratorios de Bardi y Díaz, para su certificación y remisión para el cobro por las prácticas que, según señala, resultaron indebidas. Las acusaciones llegaron a la delegación del PAMI desde donde se informó la imposibilidad de efectuar el peritaje ordenado por el instructor a sobre la documentación de la ABS y de ese organismo, debido a que" no cuentan con fondos para contratar auditores externos, solicitando que se designen peritos oficiales".
Bardi sostuvo en su declaración que la acusación resultaba de una interna en la ABS.
