El allanamiento se ejecutó en el marco de la causa que se inició por las denuncias presentadas por la docente y afiliada de la ADP Cintia Vuistaz, por presunto enriquecimiento ilícito, fraude y otras acusaciones.
“Pedimos las medidas cautelares sobre el terreno de Cerrillos que tenía un solo catastro, el año pasado en junio lo subdividieron y quedó con dos catastros diferentes como para que ellos puedan enajenarlo o venderlo o donarlo como pretenden la señora Argañarás, que donemos ese terreno para su fideicomiso que tiene que rendir muchas cuentas y explicaciones”, dijo a la prensa local la docente denunciante.
Vuistaz amplió su requerimiento a fines del año pasado tras conocer las declaraciones de Raúl Argañaraz, hermano de Patricia Argañaraz, secretaria general de la ADP.
La escalada de suscesos irregulares tiene orígen en la denuncia de Vuistaz por enriquecimiento ilícito de miembros de la comisión directiva, y de Argañaraz en particular, la que se inició hace al menos cuatro años.
Al hablar con los medios en el marco del allanamiento que se hacía puertas adentro del domicilio de Juramento 99, Vuistaz recordó que se había denunciado la irregularidad de que Argañaraz sea adjudicataria de una vivienda del IPV "que terminó convirtiendo en un Palacio".
Sumó la ampliación que realizó cuando el hermano de Argañaraz, en su calidad de contador del gremio, declaró en medios nacionales que había dibujado los balances del gremio. Vuistaz también criticó la ostentación que mostró la gremialista en sus viajes al exterior.
Sostuvo que además de la denuncia que radicó en la Justicia provincial, existe una a nivel de la Fiscalía Federal Nº 2, en la que acusó la inacción del Ministerio de Trabajo de la Nación. “Pedimos la intervención del gremio y nunca dieron una respuesta”, dijo.
