Por el tema, desde la bancada de concejales de la UCR presentarán un pedido de informes a distintos organismos sobre estas irregularidades además de la revocatoria del convenio.
Así lo manifestó a Nuevo Diario la concejal Sandra Vargas (UCR) que aseguró que "recibí denuncias que manifiestan que se cobra el acarreo y la estadía de vehículos secuestrados por la policía vial, creando una tasa nueva”, y aclaró “los vehículos de los infractores deben ser trasladados a los canchones municipales y no a los de la provincia. Es claro el avasallamiento de la autonomía municipal prevista en la Constitución Provincial y en la Carta Municipal".
La edil señaló que ante distintos testimonios de vecinos buscará indagar a fondo la situación "desde mi bloque solicitaré los pedidos de informe al Tribunal de Cuentas y al Tribunal de Faltas, ya que existen pruebas del incumplimiento del convenio y a la vez pediré la presencia ante el cuerpo del secretario de Gobierno, Ricardo Villada, para que explique por qué se permite la invasión a nuestras competencias".
Finalmente aseguró que "también haré efectiva la revocatoria del Convenio oportunamente firmado con la Policía Vial de la Provincia, ya que considero que el doble control no sirve para bajar el índice de accidentes y sólo permite que surja un nuevo recaudador: la Policía de la Provincia".
“Te cobran un gasto de traslado que llega hasta $9 mil para llevar los vehículos a los canchones que no son los municipales, y es por eso que en el primer pedido de informe al Tribunal de Faltas sobre reclamos por parte de los infractores por pagos realizados a la Vial y por gastos de traslados y estadía”, en tanto que el segundo pedido de informe al Tribunal de cuentas para que informe si tiene conocimiento de estas acciones recaudatorias por parte de la Vial”, finalizó la edil.
