El hecho viene a cuenta de las denuncias que se sustanciaron en su contra por actitudes que se entendieron, "rompieron con la armonía y el buen funcionamiento" del gremio.
El secretario gremial de la entidad, Jorge Cerruti, confirmó esta fecha a Nuevo Diario, la que fue decidida luego de varias reuniones de la comisión directiva.
Aún resta analizar el lugar en donde se realizará la convocatoria dado que, sostuvo, "queremos llevarle garantías a los docentes", sobre la "transparencia" de la asamblea y por eso la realización ese día y a esa hora. Para participar, los docentes deberán ser afiliados al gremio por lo que deberán corroborar el descuento gremial que se refleja en el recibo de sueldo.
La principal cuestión jurídica que pesa sobre Argañaraz es una denuncia por enriquecimiento ilícito, además de una investigación por el de-sarrollo del fideicomiso "Virgen de Urkupiña", al que ingresaron inclusive algunos afiliados de la ADP, si bien era un emprendimiento propio de Argañaraz. Incluso, en este caso, desde la actual comisión directiva se acusó a la gremialista de querer apropiarse de terrenos del gremio en Cerrillos, para poder erigir allí las casas del Fideicomiso, algo que finalmente no ocurrió.
Adujo “golpe de estado”
En los últimos días la gremialista Patricia Argañaraz salió en algunos medios a hablar de "golpe de Estado". "Quizá se refiere a un golpe institucional", corrigió Cerruti al sostener que Argañaraz "es la menos indicada en pretender acusar iniciando esta campaña de desprestigio cuando fue ella quien vulneró las condiciones éticas y profesionales en desmedro de los docentes", por ejemplo, en temas como las designaciones.
Agregó que incluso en diciembre de 2018 pretendió "hacer una intervención de la sede de Embarcación cuando no correspondía porque debía seguir un procedimiento mediante Comisión Directiva".
Cerruti dijo que si Argañaraz habla de golpe institucional "entonces será que acusa de lo mismo a CTERA", federación madre de la ADP, en donde la gremialista detentaba el cargo de prosecretaria de Acción Social.
El 6 de febrero pasado "el Tribunal de Disciplina de la CTERA decidió separarla del cargo por tiempo indefinido", ante las denuncias penales que llegaron a la entidad central.
Agregó que también podría acusar de lo mismo a la Justicia Laboral, desde donde se le rechazó la tutela sindical que había presentado ante la decisión de la Comisión Directiva de suspenderla en el cargo. "Con un certificado que digo, es tipo delivery…le rechazaron la presentación".
En este punto, desde la Justicia Laboral se entendió que la gremialista había falseado su situación médica para evitar responder ante la Comisión Directiva.
