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HOY SE REÚNE CON LA PRENSA

Una concejal suspendida insistirá en Salta por su restitución

La concejal por Hipólito Yrigoyen, Lucía Rojas que denunció un acuerdo irregular entre la empresa Seabord y la Municipalidad, fue suspendida luego por tratar de "mentirosos" a algunos de sus pares, insiste en la restitución de su cargo. Hoy dará sus explicaciones en Salta en un encuentro con la prensa.

NDS |

"Me suspendieron del cuerpo con el débil argumento de haber ofendido verbalmente a uno de sus pares", sostuvo la Concejal Lucía Rojas.

El encuentro con periodistas de la capital para dar mayor visibilidad a la suspención que recibió por voto mayoritario de concejales, se concretará este viernes 14 de junio a partir de las 10, en la sede del Partido de la Victoria, ubicada en calle Zuviría 862.

Por el momento, la edil se encuentra a la espera de una resolución de la Corte de Justicia de la provincia, en donde se presentó un recurso legal a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la decisión de los demás concejales.

Rojas fue suspendida por el cuerpo tras denunciar un supuesto acuerdo en el que denunció la intervención de la provincia por una deuda que mantiene la empresa El Tabacal (ahora oficialmente Seabord Energías Renovables) con el municipio.

Respecto de esta acusación, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Marcelo López Arias, quien intervino en la reunión que se realizó con algunos concejales de Yrigoyen, negó tal acuerdo y de hecho, sostuvo que se trataba de una propuesta por la cual la empresa se disponía a pagar menos de lo que en realidad se establece por normativa tributaria municipal. 

En medio del debate en el recinto Rojas acusó a algunos concejales de "mentirosos", y esto le valió un reproche y su suspensión. 

La concejal afirmó que solicitó información respecto del presunto acuerdo o propuesta, sin poder contar con respuesta alguna "salvo su suspensión del cuerpo con el débil argumento de haber ofendido verbalmente a uno de sus pares".

En un comunicado se afirmó que esta decisión es un acto "injusto, viola principios democráticos y de DDHH tanto de la concejal como de los ciudadanos que tienen derecho a la información y funcionamiento de las instituciones del Estado".

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