Hasta el momento, el intendente Jorge Guerra solo otorgó un bono de $2.000.
En la tarde de ayer se reunieron con los legisladores de la zona para intentar destrabar el conflicto salarial que encabezan la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOEM) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Mariela Ramos, delegada de ATE, recordó que los trabajadores además del reclamo salarial, exigen la reincorporación de nueve trabajadores que el año pasado fueron cesanteados.
“También nos deben un aumento del 8% del año pasado que lo hizo efectivo, y ahora lo desconoce cuando hay un acta firmada por puño y letra suyo. Este año tampoco nos dio el aumento del 32%”, detalló la gremialista.
De acuerdo a lo que manifiestan los trabajadores, el intendente Guerra justifica la falta de pago en que “el Gobierno provincial no quiere ayudarlo porque en la campaña pasada él apoyaba a Sergio Leavy y que el ministro de Economía no lo quiere recibir”.
La semana pasada, un grupo de delegados llegó a casa de Gobierno con la intención de reunirse con el secretario del Interior Mario Cuenca, quien no los atendió, pero sí lo hizo otro funcionario de menor rango, que hasta el momento no aportó soluciones.
Ramos precisó que la Municipalidad tiene dos asesores legales y uno contable que son funcionarios provinciales, uno de ellos es Virgilio Andrés Garijo, recientemente nombrado Director de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría del Interior, quien lleva las finanzas a pesar que el municipio ya cuenta con personal en el área.
En tanto, María Julia Pizola, secretaria General de ATE, manifestó su preocupación por el nivel de conflictividad que hay en los municipios, no solo en el departamento sino en toda la provincia.
Detalló que a través de Juan Arroyo, secretario General de ATE, buscan reunirse con Mario Cuenca para plantearle la situación de los municipios.