Se agrava el conflicto entre dos supuestos propietarios de la finca Tres Pozos, ubicada en la localidad de Embarcación e integrantes de la Comunidad Gallardo.
Según lo trascendido, Huberto y Betina Bourlon de Rouvre, quienes figuran como propietarios de la finca, no serían los verdaderos dueños, cuyas tierras pertenecerían a distintas etnias, según surge del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, contemplado por la Ley 26.160.
El relevamiento aludido por los denunciantes forma parte de un convenio firmado entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de la Provincia de Salta, decreto 935/16 del Gobierno de la Provincia.
Este convenio establece la realización de un relevamiento territorial de las distintas comunidades, como así también el reconocimiento de tierras que en su defecto surgen del estudio ejecutado, para lo cual la Nación dispuso la asignación de un fondo de más de 13 millones de pesos.
Los denunciantes aseguran que este relevamiento ya se realizó y que, al menos, a nueve comunidades indígenas de la zona les corresponde tomar posesión de tierras en la finca Tres Pozos, situación que los Bourlon Rouvre ya estarían al tanto, por lo que en los últimos días decidieron arrendar el sector que les sería expropiado a un ganadero, Carlos Juárez.
Orquestaron una campaña mediática
En busca de presionar a la Justicia para obtener un resultado favorable, los Bourlon Rouvre, movieron sus influencias en cierto sector de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que un familiar sería asesor legal en el Consejo de la Magistratura.
Estos contactos, según lo denunciado por los Pueblos Originarios, le habrían permitido tener a su disposición los principales medios nacionales, en cuyas páginas, los Bourlon Rouvre ocultaron las denuncias en su contra y endilgaron la culpa de todo a la Justicia salteña y a los funcionarios provinciales.
Bourlon estaría registrado como un trabajador autónomo, con categoría III, con ingreso de 25 mil pesos, sin embargo, aparece también como socio con Betina en una empresa que, según algunos sitios comerciales de Internet, factura alrededor de 96 mil pesos por la producción de soja.
El finquero francés acusó a la fiscalía porque no fue atendido, sin embargo, fuentes judiciales indicaron que Bourlon Rouvre, el primer día del conflicto, llamó por teléfono y pretendía, en un tono de terrateniente, que expulsaran sin más a los aborígenes.
Denuncias cruzadas
Al día siguiente, en tanto, se presentó en la fiscalía y pidió por la fiscal, quien se hallaba en una audiencia en la ciudad judicial de Tartagal, por lo que fue atendido por el auxiliar, como sucede con otros denunciantes, sin embargo, esto parece que no fue del agrado del francés.
Por el hecho, y dada las denuncias cruzadas, la fiscalía dispuso que el conflicto pase a Mediación, circunstancias en la que se encuentra en estos momentos, sin que hasta la fecha se haya arribado a una solución. En el camino vecinal, en tanto, se colocó consigna policial para resguardar el orden.
Los afectados denunciaron que Bourlon estaba armado
Cuando el ganadero Juárez intentó hacer uso del terreno arrendado, destinado para el ganado vacuno, los aborígenes decidieron cortar un camino vecinal, que corre alrededor de un cerro ubicado en esa zona de la finca, ya que se oponían a la presencia de los animales en dicho sector.
Según se pudo saber, y surge de las actuaciones penales, los aborígenes adujeron que el ganado vacuno, al pastar en esa zona, generaría un daño en el relieve del terreno, lo cual luego sería perjudicial para dichas comunidades cuando se produzcan las lluvias.
Habitan una zona inundable
Cabe mencionar que los aborígenes se encuentran asentados en la parte baja de la ladera del cerro, zona donde las lluvias causarían inundaciones. En vista de ello, los aborígenes, encabezados por Benito Rodríguez, cortaron un camino vecinal e interrumpieron el paso de camiones con el ganado del arrendatario.
Esta situación fue denunciada por Juárez, primero, y luego por Huberto Bourlon, como supuestas amenazas, pues los aborígenes se apostaron portando sus machetes.
Amenazas con arma
Los indígenas, sin embargo, señalaron que el finquero francés, al día siguiente, se presentó con un arma semi automática en la cintura amenazó con atacarlos a tiros, amedrentamiento que filmaron y presentaron como prueba en su primera denuncia contra Bourlon Rouvre.
