Estará coordinada por María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), quien indicó que la idea es “que no se criminalice, que no se desaloje cautelarmente, porque muchos de estos actos violan el derecho vigente”.
En diálogo con el programa “Sembrando Soberanía”, por Radio Nacional señaló que Salta es una de las provincias que registra más cantidad de conflictos vinculados a la titularidad de la tierra, siendo 25 de un total de 85 en todo el país.
En ese sentido la coordinadora explicó que se trata de una problemática profunda, histórica y estructural “y que intenta que con los distintos actores institucionales podamos abordarla”.
Se trata de un trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal para detectar antes de que sucedan los desalojos: “nuestro aporte tiene que ver con la llegada de los trabajadores de la secretaría y generar un mapa por esta problemática en todo el país”.
“Promovemos que a partir de esta conformación surjan protocolos de actuación bajo el cumplimiento de la normativa vigente, con la capacitación inclusive para los mismos fiscales”, dijo Castillo que agregó que en el marco del Equipo Nacional de Tierras en donde se capacitan para el relevamiento, sumando perspectiva de derecho indígena y el diálogo intercultural con comunidades originarias.