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PARA PLANTAR LIMONES

Reclamos porque la firma Emaisa quiere desmontar 1.029 hectáreas

En Campo Santo este miércoles se llevó a cabo la audiencia pública no vinculante por el pedido que hizo la firma Emaisa para cambiar el uso de suelo y desmontar 1.029 hectáreas de la finca San Isidro, para la plantación de limones.

Mientras se desarrollaba la audiencia, ex trabajadores se manifestaron frente al ingenio.
Mientras se desarrollaba la audiencia, ex trabajadores se manifestaron frente al ingenio.

La audiencia se concretó en las instalaciones del mismo ingenio, situación que generó reclamos de ambientalistas.

Ex trabajadores del ingenio San Isidro que entre finales del 2017 y principios del 2018 fueron despedidos por el Grupo Gloria, ex propietario del ingenio, y que aún no terminaron de cobrar las indemnizaciones correspondientes, de acuerdo a los compromisos asumidos por Emaisa al comprar el ingenio, se manifestaron frente a las instalaciones.

En este contexto, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI) y el Partido Obrero (PO) se manifestaron en contra del pedido de la empresa.

La empresa desde el 2019 está inscripta en el Registro de Productores del Carbón, por lo que ya estaría trabajando en la construcción de hornos para producir carbón con los árboles de quebracho colorado y blanco, algarrobo blanco y negro, que se talarán en las 1.000 hectáreas.  

"No estamos de acuerdo con que se autorice el cambio del destino de la finca San Isidro y el uso de sus suelos,  tampoco con el tratamiento excepcional que está solicitando la empresa para que se los exima de dejar cortinas internas (espacios con árboles) incumpliendo con las normativas ambientales, ya que afectará la contratación de mano de obra", sostuvo Mariano Cuenca, titular del SOEASI. 

Agregó que Emaisa no aclara la cantidad de trabajadores que incorporará con la nueva plantación. "El departamento de General Güemes es uno de los departamentos que mayor índice de desocupación tiene la provincia. El 60% de los residentes son desocupados", sostuvo.

Recordó también que la empresa "ya vulneró derechos negándoles a los trabajadores el cobro de sus indemnizaciones. A la depredación socioeconómica le van a agregar la depredación ambiental".

Para Cuenca, Emaisa está por realizar una inversión con la plata de la indemnización que les debe a los trabajadores. 

Por su parte, Pablo López, ex diputado nacional por el PO, sostuvo que: "La empresa que pretende desmontar ha sido sancionada por un desmonte ilegal en zona donde el ordenamiento territorial establece como zona de mayor protección, es decir que están pintadas de rojo en el ordenamiento territorial".

Luego, añadió: "A finales del 2018 la empresa ya estaba pidiendo habilitar un desmonte para ampliar su producción, por lo que el cierre fue claramente en función de una reforma laboral y despedir a la mayoría de los trabajadores".

 

 

 

 

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