A la presentación de este proyecto se suma una campaña de recolección de firmas para acentuar el apoyo de una importante porción de la sociedad salteña que apoya la lucha por “Separar la Iglesia del Estado”.
Se sostuvo que con el proyecto presentado se “busca garantizar el principio de laicidad del Estado, el efectivo cumplimiento de libertad de culto y de conciencia consagrados en la Constitución Nacional y Provincial”, indica el comunicado al agregar que la presentación quedó en manos del diputado provincial Humberto Vázquez (UCR) y sus pares del bloque.
Se argumenta que una vez establecido por ley, con el proyecto se persigue “evitar la imposición de un culto por encima de los 44 que se encuentran registrados en la provincia de Salta”, dijo el presidente del ILEC Salta, Fernando Climent. Aseguró que entre los muchos argumentos que hay para solicitar esta disposición se encuentran artículos inscriptos en las constituciones nacional y provincial, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pactos internacionales, entre otros.
“Nuestro Estado es laico, y como tal no puede ni debe hacer discriminaciones por cuestiones de religión o credo a ninguna persona. Eso es libertad de culto".
"Sin embargo, la presencia de símbolos religiosos en absolutamente todas las dependencias del Estado, nos demuestran la existencia de un Estado Confesional en la práctica –lo que evidencia un comportamiento anticonstitucional-, un Estado que no sólo sostiene económicamente a una religión en particular, sino que está atravesado en todas sus acciones y decisiones por esa parcialidad".
"Y esa parcialidad no sólo afecta su funcionamiento desde el principio de laicidad, sino que también funciona como una incitación permanente a que las y los ciudadanos se adscriban a la religión representada por la simbología presente en todas las oficinas del Estado. Es por ello, que se debe garantizar la laicidad del estado para garantizar así la igualdad real de todos los ciudadanos”.
Se explicó que entre las excepciones a la Ley se contemplan: cementerios, establecimientos penitenciarios y hospitales públicos, que pueden contar con un espacio ecuménico único que permita en forma igualitaria la práctica de los diferentes credos, creencias o religiones, debiéndose adecuar los espacios ya existentes a tal fin.
