Esta posibilidad se encuentra en el artículo 9 de la Ley 7658, sancionada en 2010 y que establece, entre otros puntos, la posibilidad de que quienes trabajaron la tierra puedan regularizar el dominio de las superficies.
El año pasado se aprobó una prórroga pero solamente hasta el 31 de diciembre de este año. Por los tiempos parlamentarios es que se espera poder contar el martes con el tratamiento a fin de que llegue al Senado. La iniciativa de prórroga indica la posibilidad de que los desalojos se suspendan por dos años más.
Por ahora desde la provincia se continúa trabajando en el relevamiento de los campesinos.
Si bien la Ley está vigente, la jueza de Metán, Olga Sapag, decidió lanzar un desalojo de familias campesinas en el marco de una causa que inició el titular registral, quien compró las tierras en 2008 mediante papeles a una primera compradora de esa superficie.
Por ahora se espera que desde Diputados se hagan gestiones ante la Corte de Justicia de Salta a fin de sostener lo establecido por la Ley. Sucede que para la jueza la Ley no contempla el caso en el que resolvió el desalojo sobre una finca de Anta, mientras que para los legisladores la Ley debe extenderse a todos los casos en los cuales haya campesinos cuya situación se encuentra sin ser regularizada en cuanto a lo dominial.