La propuesta de la empresa que fue expuesta en una audiencia el 5 de julio pasado había generado el cuestionamiento desde la Fundación Refugio respecto del lugar en el cual era citada. Y es que pese a que las fincas se encontraban a 47 kilómetros del pueblo de Rivadavia, la audiencia se convocó en Joaquín V. González, que se ubica a 143 kilómetros del desmonte a realizar.
El pedido de desmonte fue iniciado en 2015 por la empresa CRESUD que tiene por objetivo ejecutar al menos tres módulos productivos, o sea a desmontar en tres etapas, 7559 hectáreas netas, con una reserva de 3.305 hectáreas.
Según el análisis de la Fundación, esas más de tres mil hectáreas de reserva se ubican en la zona que es amarilla y, por lo tanto, en un lugar que por disposición legal no debería ser desmontado.
Sin embargo, la ingeniera agrónoma Ana Alvarez, de Asociana, advirtió que los terrenos solicitados, habían sido analizados por el Consejo Asesor para un nuevo OBTN como posibles corredores biológicos que conecten áreas de valor de conservación.
A ello agregó que la zona a desmontar, además, se encuentra prácticamente limitando con una zona a conservar (o sea, que se encuentra en la categoría roja), en la provincia de Chaco. Es por ello que estimó que un desmonte impactaría directamente en la capacidad de conservación de esa área.