Luego de la controversial audiencia de la semana pasada, por la evaluación del impacto ambiental, ayer se vivió la instancia judicial, por el amparo que busca frenar el loteo, hasta tanto se garanticen las condiciones ambientales que no perjudiquen a la comunidad.
El juez Marcelo Domínguez, de la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en la mañana de ayer estuvo en una audiencia pública con vecinos de Vaqueros en el marco del trámite de una acción de amparo colectiva.
Se trata de la causa “Leake, Andrés Pablo; Arnosio, José Marcelo; Frayle, Ivana Astrid; Canda, Hugo vs. Municipalidad de Vaqueros - Amparo”.
En el inicio de la audiencia, el abogado patrocinante, Luis Segovia planteó la ampliación de la demanda a la luz de los resultados de la audiencia convocada por el municipio la semana pasada, la cual será formalizada próximamente.
A su vez, la letrada patrocinante del municipio de Vaqueros consideró que se encuentra satisfecha la pretensión inicial del amparo y pidió que el amparo sea declarado abstracto por sustracción de materia.
Los abogados del fiduciante, en tanto, plantearon la falta de entidad de la pretensión por cuanto el objeto del amparo ya fue cumplido con la audiencia celebrada la semana anterior.
El loteo objeto del amparo se desarrolla en 27 hectáreas con 227 lotes en una urbanización R2.
“La suma de los errores”
El abogado Luis Segovia describió como una suma de errores a las distintas instancias que sus patrocinados, los vecinos de Vaqueros, fueron viviendo durante los últimos días.
“Si bien fue una audiencia informativa, nosotros le pedimos al juez un plazo considerable para readecuar el objeto de la demanda, teniendo en cuenta que se presentaron una serie de modificaciones en la demanda”, y explicó el conflicto que se presentó el jueves con las modificaciones en la audiencia por evaluación de impacto ambiental, sin que los vecinos tomaran conocimiento de estos cambios.
“La Municipalidad siendo autoridad de aplicación, no verificó nunca esta modificación y resulta ser colaboradora connivente con que las cosas se hagan mal y sea una suma de errores”, dijo Segovia.
Lo llamativo según indicó el abogado, es que la Secretaría de Ambiente aseguró que no está encargada del control, “y que solo prestan colaboración al municipio, que no cuenta con la infraestructura técnica para el seguimiento, pero en realidad es una obligación prevista por la Ley 7070”, finalizó Segovia.
