Además, aseguró que las altas tasas de deforestación en la provincia resultan determinantes en la crisis que se vive en el Norte provincial.
La misiva que la titular de la ONG envía al mandatario provincial, en primer lugar pone en conocimiento que desde la organización recibieron comunicación vía telefónica, de parte de la Comunidad Wichi de Corralito, situada en Finca Cuchuy, de General Ballivián, que se encuentran incomunicados e imposibilitados de salir de sus comunidades por los caminos intransitables.
Asimismo, describe que estas personas se “encuentran sufriendo hambre y falta de agua potable, dados los escasos recursos alimenticios de los que pueden disponer”.
Detalla que la zona en cuestión, anteriormente a ser desmontada “les proveía a estas comunidades de recursos de subsistencia”; y recordó el acompañamiento en la defensa de este bosque protegido por la Ley de bosques, “resistiendo junto a los wichi, obstaculizando las maquinarias, con un campamento en el sitio, que finalmente fue desalojado”, y señala a Alejandro Braun Peña como el responsable del desmonte de los mismos.
“Solicitamos que, como máxima autoridad, arbitre de forma urgente y efectiva los medios para que se cumpla la asistencia humanitaria en el marco de la Emergencia Sanitaria vigente, proveyéndoles de rápido auxilio, por cuanto son trece familias, en estado de refugiados climáticos, que se encuentran en situación crítica, desconociéndose estado de las otras cercanas, por falta de comunicación debido al aislamiento”.
Greenpeace lamentó los recientes fallecimientos de varios niños wichi en la provincia y advirtió que la falta de reconocimiento y titularización de sus territorios, la deforestación, el agronegocio, la falta de acceso a agua potable, y la pobre asistencia alimentaria son las principales causas.
Una serie de incumplimientos
Salta es una de las provincias con más deforestación del país. Según datos oficiales, entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. Además se conoce que la provincia ha recategorizado su territorio, junto a más de 150.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I - rojo y II - amarillo.
En 2018, la resolución 56 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas, a la vez que instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Por su parte, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de este Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Sin embargo, pese a las resoluciones, el desmonte continuó de manera ilegal.
